Desde la concesionaria, “orquestaron –dice– un equipo de colaboradores como juez, actuaria, oficial de Justicia y abogados para poder despojar de sus rodados a los clientes al mínimo atraso en sus cuotas, incluso estando al día”.
Están acusados por la fiscala de Ñemby, Lourdes Bobadilla, los dueños de la playa, Denis Steven Bareiro, y su padre Carlos Alfredo Bareiro Benítez.
También están el juez de Paz de Chaco’i, Jorge Franco Garelik, y su actuaria, Gabriela Noemí Gaona, así como el oficial que Justicia, Carlos Yrala, que a su vez era el abogado de la empresa.
ESQUEMA. Los dueños de la playa “orquestaron un plan para despojar a los clientes de los rodados que vendían”.
Ante el mínimo atraso, operaban para sacar los vehículos a través de las demandas que hacían en Chaco’i, un Juzgado lejano al local que estaba en Ñemby, “dificultando así que los clientes demandados accedan con facilidad al mismo”.
Con esas demandas, lograban la orden del juez para secuestrar los autos, que al día siguiente eran vendidos a nuevos compradores, o víctimas.
Incluso, según la acusación, las personas querían pagar sus cuotas, pero en ocasiones en la misma empresa no les recibían los pagos y, así, figuraban atrasados y terminaba siendo demandados, con órdenes de secuestros firmados “en tiempo récord”.
Además, al hacerles firmar el contrato de compra/venta, también les hacían firmar a los clientes documentos de dación en pago.
¿Estos qué decían? Allí se mencionaban que ante el incumplimiento mínimo de los pagos, “se comprometían a devolver el rodado a Steven Automotores”.
Otro punto llamativo es que por los montos de los contratos las demandas debían hacerse en Juzgados de Primera Instancia y no en los de Paz, donde tenían a sus aliados.
MÁS DE 250 VÍCTIMAS. El Ministerio Público menciona en estas causa a 30 víctimas, pero la fiscala Lourdes Bobadilla confirmó que en todo el país hay denuncias de 255 personas que habrían sido estafadas por la misma empresa de venta de automóviles.
Estas personas hicieron sus denuncias, tras haber sido demandadas no solo en el Juzgado de Chaco’i, sino también en otras ciudades como Benjamín Aceval, Itá, Asunción, en Trinidad, La Encarnación, así como en otras localidades más.
Denunciaron también haber sufrido el despojo de sus vehículos.
Orquestaron un equipo de colaboradores como juez, actuaria, oficial de Justicia y abogados para despojar de sus rodados a los clientes. Ministerio Público,acusación.
