Por su parte, el Ministerio Público (fiscalía) paraguayo anunció hoy que ha formado un equipo para investigar los incidentes, así como la muerte de Rodrigo Quintana, de 25 años, en la sede del Partido Liberal.
Decenas de afiliados se volvieron a agrupar hoy en esa sede para rendir homenaje al joven, líder de la juventud del Partido Liberal en la localidad de La Colmena, en el departamento de Paraguarí (centro).
La muerte de Quintana se produjo pasada la medianoche del viernes cuando efectivos policiales entraron en la sede del partido, donde estaban reunidos varios afiliados, y realizaron disparos.
El Ministerio del Interior, por su parte, aseguró que llegarán “hasta el total esclarecimiento de lo ocurrido, y los responsables serán puestos a disposición de la Justicia”.
Los incidentes comenzaron después de que 25 senadores votaran a favor del proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección en las dependencias del Frente Guasú, del expresidente Fernando Lugo, y sin la presencia del resto de legisladores y del presidente del Senado, Roberto Acevedo.
Las protestas más violentas se iniciaron en la tarde del viernes en la Plaza de Armas, junto al Congreso paraguayo, edificio asaltado e incendiando por los manifestantes.
Los bomberos sofocaron el incendio en el Congreso, en el que se observan cuantiosos daños materiales y que hoy está precintado para el trabajo de los peritos fiscales.
El estallido de violencia, tras el voto de esos 25 senadores, se produjo cuando el país lleva unos dos meses polarizado por la propuesta oficialista y de parte de la izquierda de facultar por la vía de la enmienda un segundo mandato presidencial, prohibido por la Constitución.
El proyecto de esos senadores fue elaborado conjuntamente por el Partido Colorado, del presidente Horacio Cartes, por el de Lugo y por algunos legisladores liberales, según reconocieron.
La formación de Lugo respalda la enmienda para que este pueda presentarse a las elecciones de 2018, y el Partido Colorado para que lo haga Cartes.
El Partido Liberal y otras fuerzas opositoras alegan que la enmienda es anticonstitucional como medio de facultar un segundo mandato presidencial.
