Los datos dados a conocer por un informe de la organización Investigación para el Desarrollo (ID), elaborado con base en datos de la Encuesta Permanente de Hogares, realizado el año pasado, revelan una preocupante realidad: hay unos 106.596 jóvenes de entre 13 y 17 años de edad que no están escolarizados y, por lo tanto, permanecen fuera del sistema educativo.
De esta cantidad de chicos excluidos, un 60% de ellos son del sexo masculino, mientras que un 40% son mujeres. Igualmente, unos 34.919 jóvenes de esta franja etaria deben dejar la educación desde los 13 años y, de este mismo grupo, unos 12.755 deben comenzar a trabajar a temprana edad por razones de necesidad, y ante esa situación ya no pueden seguir estudiando.
Las causas del abandono y la exclusión de los adolescentes y jóvenes son varias; pero según los investigadores, es la situación económica familiar de pobreza la que aparece como un telón de fondo en la gran mayoría de las situaciones detectadas en el informe. Las condiciones de pobreza y de pobreza extrema en que se debaten muchas de las familias impiden que los niños y las niñas puedan acudir normalmente a la escuela, ya sea por falta de recursos económicos, o porque están obligados a dedicar la mayor parte del tiempo a estrategias de sobrevivencia y oficios que puedan ayudar a la subsistencia.
Los casos de niños y niñas mendigando en las calles, o que permanecen empleados en ocupaciones informales —como la venta ambulante o los cuestionados oficios, tales como los de limpiavidrios o cuidacoches—, no les permiten tener opciones de acudir a los programas de escolaridad.
La gran carencia de acompañamiento por parte de miembros de su propia familia o desde instituciones especializadas de la sociedad, como de las propias organizaciones del Estado que trabajan en el sector de la educación, o de la promoción de la infancia y la adolescencia, dificultan aún más las posibilidades de lograr la inclusión.
La situación reflejada en el informe de Investigación para el Desarrollo implica un gran desafío, tanto para los gobernantes, como para la misma sociedad, pues un país que excluye a muchos de sus niños y jóvenes de la posibilidad de cursar programas de estudios, es un país que está condenado a seguir en considerables niveles de atraso y de subdesarrollo.
Es necesario promover acciones urgentes para tratar de reducir estos índices negativos detectados en el informe y tratar de incorporar a estos adolescentes y jóvenes olvidados del sistema, solo que las propuestas de soluciones no van a servir de mucho si no se toman en cuenta las cuestiones de fondo, como la realidad de pobreza que aflige a las familias.
Las políticas para recuperar a los no escolarizados deben ir mucho más allá del ámbito puramente educativo y deben involucrar a más entidades, planteando programas de apoyo y promoción a los sectores de pobreza y pobreza extrema de la población. Solo así se evitará que sigan siendo los grandes marginados de la sociedad.