La Ley de Memoria Democrática, que acaba de entrar en vigor en España, prevé el traslado de restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 que ocupen un lugar “preeminente de acceso público distinto a un cementerio”, con el fin de evitar actos de enaltecimiento.
Es el caso de Queipo de Llano y de José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido de ideología fascista de la Falange, cuyos familiares han iniciado ya los trámites para retirar sus restos del Valle de los Caídos, en la Comunidad de Madrid, donde también estuvo sepultado el dictador Francisco Franco, exhumado en 2019.
Pero más allá de todas estas exhumaciones, con un marcado carácter simbólico, la nueva Ley de Memoria Democrática pretende dar un impulso a la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1936-1975), al encomendar esta tarea expresamente al Estado.
Y una de las claves para lograrlo es la exhumación de los cadáveres enterrados en las fosas comunes que hay repartidas por toda España, una labor en la que los familiares de las víctimas piden más implicación al Gobierno español.
“Debe poner los recursos para investigar bien las identidades de las personas que están en las fosas y, sobre todo, el Gobierno debe atender a las familias porque no tienen un lugar al que asistir para pedir ayuda”, denuncia a EFE el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva.
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En la actualidad, el Gobierno español tiene constancia de la existencia de un total de 2.615 fosas, según el buscador publicado en la página web del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
La mayoría están ubicadas en las regiones de Aragón (598), Andalucía (546) y Asturias (381).
La cifra, que procede de los datos que proporcionan fundamentalmente las comunidades autónomas al Gobierno, está en continua actualización, según explican a EFE fuentes del Ministerio.
En concreto, 531 de estas 2.615 fosas han sido ya exhumadas total o parcialmente, mientras que otras 259 se han dado por desaparecidas al no lograr dar con su ubicación, pese a contar con documentación o testimonios fehacientes que prueban su existencia.
Además, varias decenas de fosas están localizadas y han sido ya reconocidas y “dignificadas” con elementos como paneles explicativos o placas, pero no está previsto hacer ninguna labor de exhumación al no haber una petición expresa de los familiares.
Para emprender estos trabajos de exhumación y continuar con los que ya están en marcha, el Gobierno español cuenta con 6,3 millones de euros del total de 14 millones previstos en los presupuestos de 2023 para desarrollar la Ley de Memoria Democrática.
El objetivo es localizar alrededor de 1.200 cuerpos y exhumar 1.000 de ellos a lo largo del próximo año, según consta en la descripción del programa de los presupuestos de 2023 dedicado a Memoria Democrática.
