El abogado Rubén Ayala Bogado había denunciado a la ex titular del Ministerio Público, sosteniendo que ella incurrió en los hechos punibles de omisión, encubrimiento y complicidad en varias denuncias presentadas en contra de las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio, específicamente, en contra del ex ministro Gustavo Leite.
Fue Ayala el que había denunciado al ahora senador, por un supuesto cobro ilegal de G. 2.000 millones, monto que correspondía supuestamente a beneficios sobre multas cobradas desde ese ministerio a empresas, por rotulado y etiquetado.
La fiscala Teresa Sosa investigó a Quiñónez e informó al juez que no existe denuncia o reportes de parte de la Contraloría sobre irregularidades relacionadas a Industria y Comercio, correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.
También confirmó que desde el 2019 existe una causa abierta contra Leite, por supuesto cobro indebido de honorarios y otros, asignado al fiscal Leonardi Guerrero, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
“A la fecha no se ha colectado diligencias suficientes a fin de tomar una decisión procesal positivamente o negativamente”, dijo Sosa.
Y concluyó que “no existe ningún tipo de encubrimiento u otra cuestión que haga suponer que Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga haya impedido de alguna forma la investigación de la denuncia realizada”.
OTRO. Actualmente, existe otra causa que salpica a la ex fiscala general, por no reclamar una millonaria póliza.
