La situación de la mafia de los pagarés ha generado una serie de acciones judiciales y debates cruciales sobre la función del Poder Judicial y las reformas estructurales necesarias. El caso conocido como la mafia de los pagarés genera comprensible preocupación ciudadana por la magnitud del daño ocasionado, es importante destacar que el Poder Judicial adoptó medidas concretas y sin precedentes para enfrentar el problema y restituir los derechos de las víctimas.
En el marco del proceso de saneamiento judicial impulsado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se ordenó el levantamiento de más de 23.000 embargos irregulares, una decisión histórica que busca devolver la tranquilidad económica a miles de trabajadores, jubilados y familias afectadas por juicios ejecutivos fraudulentos.
Según los informes oficiales, esta revisión masiva permitió detectar y anular expedientes con graves irregularidades procesales, tales como notificaciones simuladas y falsificación de documentos.
La Acordada N° 1800/2025 marcó el inicio de este proceso de depuración, que no solo apunta a la corrección de los abusos cometidos, sino también al fortalecimiento del derecho a la protección del salario y los medios de vida, al evitar que continúen los descuentos indebidos sobre haberes laborales o jubilatorios. La Corte dispuso la intervención del Ministerio de la Defensa Pública en cientos de procesos para garantizar una defensa efectiva, ordenó auditorías, detectó irregularidades y remitió los antecedentes de jueces y actuarios al Ministerio Público, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, e incluso a la Contraloría General de la República para estudios de correspondencia patrimonial, resultando ante el Jurado inclusive la suspensión de jueces de la judicatura. También se habilitó una página web para que los ciudadanos pudieran hacer denuncias directas.
El caso de la mafia de los pagarés puso en evidencia problemas estructurales dentro del Poder Judicial, esto, en consideración de que la cantidad de expedientes revelada por la trama es inmanejable, se constató que efectivamente, se necesita urgentemente más jueces de paz y funcionarios. Paraguay tiene una cantidad muy baja de jueces en relación con sus habitantes, lo que exige una reforma estructural del Poder Judicial.
Estos hechos demuestran que el Poder Judicial ha actuado ante una situación compleja y delicada. Por ello, el anuncio de un pedido de juicio político contra ministros de la Corte, anunciado por la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés para su presentación ante la Cámara de Diputados, se presenta como prematuro e injustificado, por algunos sectores. La Corte ha actuado estrictamente conforme a la ley, las convenciones internacionales y la Constitución Nacional. El ministro Víctor Ríos ante rueda de prensa explicó que la Corte no podía, a través de una simple resolución administrativa, levantar todos los embargos, ya que esto sería “quebrar absolutamente la seguridad jurídica y el ordenamiento constitucional del Paraguay”. Los jueces gozan de autonomía en el manejo de expedientes, especialmente en el fuero civil (disputas entre privados). Un juicio político carecería de argumento si la Sala Civil o Constitucional de la Corte no hubiese validado los procedimientos fraudulentos.
En esta línea, consideramos que el enfoque debe estar puesto en fortalecer el proceso de reparación, sanción y prevención, más que en instrumentar un mecanismo de carácter político-legislativo que podría desviar recursos y atención de las víctimas hacia batallas de poder.
El país necesita que la Justicia siga avanzando con transparencia, celeridad y garantías. Y que, en paralelo, el Congreso colabore con reformas que eviten que hechos como los derivados de la mafia de los pagarés se repitan, en vez de convertir esta crisis en un escenario de confrontación institucional.
