Son dos causas que serán llevadas por el equipo: La primera, la investigación que se inició porque la Corte remitió los antecedentes, al hacer las auditorías a los Juzgados. Esa inicialmente, se llevaba en una unidad barrial. Además, existe otra denuncia.
El grupo examinador lo integran los fiscales anticorrupción Jorge Arce, Leonardi Guerrero y Belinda Bobadilla.
LOS HECHOS. “Del análisis preliminar surge que en las causas se involucran a funcionarios del Poder Judicial, quienes realizaron acciones penalmente relevantes en el ejercicio de sus funciones”, dice la resolución de la Fiscalía Adjunta, que resolvió constituir el grupo.
“Como se podría ampliar la situación, es que se tomó la decisión de integrar un equipo de trabajo de investigaciones, ante la eventualidad de que vayan surgiendo más personas afectadas como consecuencia de juicios ejecutivos”, expresó Bobadilla.
Los hechos que serán investigados son estafa procesal (si los jueces son engañados), producción de documentos públicos de contenido falso (si lo que dicen las actas son falsas).
También cobro indebido de honorarios, prevaricato (si se dictan resoluciones fuera de una ley); usurpación de funciones (si otros hacen las funciones que le corresponden a miembros del Poder Judicial).
La fiscala explicó que se investigará desde el último eslabón de los Juzgados, hasta la cabeza y que la investigación podría abarcar a personas externas.
CAIGA QUIEN CAIGA. Por su parte, el abogado Jorge Rolón Luna –quien denunció en detalle cómo funciona la mafia de los pagarés– sostuvo que la conformación de un equipo especializado “es lo que se debió hacer desde un primer momento, y dada la complejidad y extensión de este fenómeno. Es la única manera de que se pueda hacer algo”.
Precisó que el fiscal general Emiliano Rolón debería dar su pleno apoyo a los fiscales de la causa, “caiga quien caiga”, “porque en este asunto hay mucha gente con poder metida, en el sistema de justicia y en el sector privado”.
Se había denunciado una serie de estafas a través de cobros de pagarés. Rolón Luna había explicado que –por ejemplo– un pagaré ya ejecutado, es decir, ya pagado, muchas víctimas se entera de que se vuelve a ejecutar en un Juzgado alejado de su ciudad, “generalmente a muchos kilómetros de la casa del demandado, para que no pueda defenderse”.
También están los casos de los pagarés fraguados, cuya deuda no existe, en que se les demanda y obliga a las víctimas a pagar.
Todos los casos serían en complicidad con funcionarios judiciales.
