En la segunda audiencia pública abierta, organizada por la Bancada Democrática del Congreso, acudieron nuevamente víctimas del esquema, y fueron escuchadas por diferentes autoridades.
Luciana contó su historia. Es enfermera jubilada. Dijo que en el 2018 recibió un documento por el cual le confirmaban que pagó toda su deuda con una empresa, de donde, junto con otras enfermeras, sacaba provistas, ropas usadas, sin firmar pagarés.
En noviembre del 2023, se lleva la sorpresa, sin previo aviso, del embargo de su sueldo, por la demanda de una docente, con el asesoramiento de la misma abogada que les confirmó el finiquito.
“Debo G. 41 millones, más G. 10 millones como honorario. Me descuentan mensualmente G. 1.450.000 y me quedan G. 1 millón y con eso sobrevivo. Por favor, empatía, señor Santiago Peña”, lamentó la víctima de este esquema.
Emergencia. Así como ella, otras víctimas levantaron su voz y profesionales hicieron nuevamente ayer un llamado a la Corte para que paren los embargos, por lo menos en los casos que ya están imputados los jueces que intervinieron.
“Esta es una situación de emergencia, que no admite dilaciones y que desde el más alto nivel del Poder Judicial siguen desentendiéndose de esto; de esto que ha crecido en vuestras propias narices, señores jueces de la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo el abogado Jorge Rolón Luna.
También habló Humberto Ayala, de la Dirección de Relaciones Gremiales del Ministerio de Educación, quien puso en contexto el calvario que llevan sufriendo los profesores en los últimos años con los embargos judiciales.
“En el año 2015, empezamos a tener un montón de denuncias de docentes que cobraban cero, y los lamentos eran verdaderamente terribles, lo que se escucha era lamentable”, precisó.
Continuó preguntándose si “qué calidad educativa se les puede pedir, cuando gente tiene que ir a dar clases con deudas impagables, condenadas a esclavitud permanente”.
Gratuito. El defensor adjunto en lo Civil, Édgar Ríos, también llegó ayer hasta la sede del Congreso y les habló directamente a las víctimas.
“Creo que falta que se sepa más que nosotros estamos, que tenemos esta posibilidad de representarles en casos particulares”, dijo.
De hecho, ya están tomando intervención con defensores públicos en varios casos en que las víctimas piden, y ya están solicitando medidas cautelares para detener algunos embargos. También recordó a las víctimas que el servicio del defensor público “es completamente gratuito. No les pueden pedir un solo guaraní”, expresó.
Rechazan recurso de jueza de Paz
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, rechazó el recurso de la defensa de la suspendida jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils, en contra de la resolución que admitió el caso de la mafia de los pagarés. No obstante, le dio trámite a la apelación subsidiaria, con lo que el caso va al Tribunal de Apelación Penal.
Los abogados Rodrigo Yódice y Arturo Daniel pidieron revocar la resolución, teniendo en cuenta que la imputación fiscal no cumplía con los requisitos legales para ser admitida.
Por su parte, la fiscala Belinda Bobadilla pidió rechazar el pedido.
Al final, el juez entendió que no correspondía el pedido y lo rechazó.
