Los abogados Violeta Ayala y Anibal Ayala defensores técnicos de la abogada Leticia Soledad Núñez aseguraron la inocencia de su defendida en una nota emitida a medios de comunicación. Es por el caso conocido como mafia de los pagarés.
“Nuestra defendida es inocente de los hechos que se le imputan en la causa denominada periodísticamente como ‘mafia de los pagarés’, causa 2/2025 caratulada Carmen Analia Cibils Miñaro, Martina Elsa Rivera Santacruz, Ricardo Ramón Cuevas y otros sobre precavirato, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y otros, la cual se halla en estos momentos en etapa de investigación”, expresaron.
Explicaron que su defendida trabajaba en relación de dependencia para la empresa Cumplo SA, bajo órdenes de sus superiores inmediatos, “por lo cual jamás pudo haber instigado a ningún funcionario a cometer hechos punibles”.
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Además, señalaron que la misma cumplía horario, estaba asegurada en el Instituto de Previsión Social (IPS) por la citada empresa, “por lo que nunca pudo haber cometido el hecho que se le imputa”.
Hay 63 personas imputadas
El Ministerio Público imputó a 63 personas, entre los que se encuentran jueces, actuarios y abogados, quienes integrarían una organización delictiva conformada para estafar a personas asalariadas mediante demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas, mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso, conocida como la mafia de los pagarés.
Los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, presentaron ayer la imputación contra cuatro jueces de Paz de la capital (y una ex jueza), por la comisión de los supuestos hechos punibles de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
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Al respecto, la imputación incluye a los actuarios judiciales, como presuntos cómplices en el prevaricato, producción y uso de documentos públicos de contenido falso; así como a los ujieres notificadores de los juzgados de Paz de La Encarnación, La Recoleta, Catedral del 2° Turno y San Roque, todos de la ciudad de Asunción.
En la lista aparecen también, abogados vinculados con empresas de cobranzas, imputados por los supuestos hechos punibles de instigación al prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso; y, por último, a oficiales de Justicia, por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
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Los antecedentes del caso surgen a partir del informe de auditoría elaborado por equipos técnicos, que examinaron expedientes de los distintos juzgados de Paz.
Se identificaron numerosas inconsistencias, como notificaciones supuestamente realizadas por ujieres en la misma fecha y horario, incluso en ciudades diferentes, así como mandamientos diligenciados por oficiales de justicia en condiciones similares.
