La solicitud fue hecha en un mensaje enviado a la presidencia de la Cámara de Diputados, en donde la votación del proyecto de ley, que también autoriza la construcción de hidroeléctricas y carreteras en tierras indígenas, está paralizada desde marzo del año pasado. Pese a la petición de Lula Da Silva, publicada en la edición de este viernes del Diario Oficial, la decisión de retirar o no el proyecto de la agenda de votaciones corresponde al presidente de la Cámara baja, Arthur Lira.
La decisión del dirigente del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) fue elogiada por los movimientos indígenas, que temen que la posible aprobación del proyecto ponga en riesgo no sólo la vida y el territorio de algunas etnias sino también la preservación de algunas áreas de la Amazonía.
“Esperamos que el Congreso cumpla con su función de legislar a favor del equilibrio del medio ambiente, del bienestar social de los pueblos brasileños y del respeto a los modos de vida de los pueblos indígenas”, afirmó la ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, en un mensaje publicado en sus redes sociales.
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La primera líder indígena en asumir como ministra en Brasil dijo confiar en que la Cámara de Diputados acate la petición y archive definitivamente la iniciativa presentada por el Gobierno de Bolsonaro.
El líder ultraderechista se caracterizó durante su mandato (2019-2022) por su retórica antiambientalista y defendió abiertamente la explotación económica de la Amazonía, incluso en las tierras indígenas.
Bolsonaro cumplió la promesa de no delimitar nuevas reservas indígenas y de flexibilizar la fiscalización de actividades económicas en la Amazonía, lo que repercutió en un aumento de la tala y la minería ilegal y se reflejó en números récords de deforestación de la mayor selva tropical del planeta.
El capitán de la reserva del Ejército aprovechó que la Constitución prevé la explotación mineral e hídrica en las tierras indígenas, lo que nunca llegó a ser reglamentado, desde que cuente con la aprobación de los habitantes de esas zonas.
Pero el proyecto del Gobierno anterior autoriza al jefe de Estado a aprobar la explotación mineral en tierras indígenas incluso contra la voluntad de sus habitantes.
La iniciativa también prevé que los propios indígenas decidan si quieren explotar sus tierras por cuenta propia o si desean concederle ese derecho a terceros, por lo que pasarían a tener una participación en las ganancias, y establece una indemnización por los posibles daños provocados por la actividad.
