EFE
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tomó esa resolución este mes basándose en la Constitución, que prohíbe la reelección presidencial, y tras la acción judicial presentada en noviembre por el gobernante Partido Colorado, que consideraba que Lugo estaba haciendo campaña para los comicios de 2018.
Marcos Fariña, uno de los abogados de Lugo, dijo a periodistas que el TSJE tomó atribuciones que le son “vedadas por la Constitución”, ya que la demanda (del Partido Colorado) “fue por propaganda indebida y ellos fueron más allá".
“En realidad el senador Lugo es un perseguido político”, dijo Fariña, quien calificó a los miembros del TSJE de “títeres del poder Ejecutivo”, en una de prensa en el Palacio de Justicia, en Asunción.
Añadió que el equipo legal de Lugo, actual senador por el Frente Guasu, acatará lo que resuelva la Corte Superior de Justicia, y mantuvo que el exmandatario “está habilitado para ser candidato a presidente de la República” en las próximas presidenciales.
De acuerdo con Fariña, la Constitución prohíbe la reelección para el presidente y vicepresidente en ejercicio, y no para quienes desempeñaron el cargo en el pasado, como Lugo, que fue elegido presidente en 2008 y destituido en 2012 en un polémico juicio parlamentario.
La clase política paraguaya se encuentra polarizada al respecto, al tiempo que mantiene otras interpretaciones sobre lo que la Carta Magna estipula sobre la reelección.
Los sectores del Partido Colorado favorables a que el presidente paraguayo, Horacio Cartes, se presente a un segundo mandato defienden que ello es posible cambiando ese apartado constitucional mediante una enmienda, que contempla un referéndum entre la población.
Sin embargo, el Partido Liberal, el principal de la oposición, y disidentes del coloradismo, sostienen que la reforma constitucional es la única herramienta que valida la Constitución para facultar una reelección presidencial.
