“Los líderes corruptos apuntan contra activistas y consolidan su poder, al tiempo que se atacan los derechos de la prensa, la libertad de expresión y la libertad de asociación”, denunció Delia Ferreira Rubio, presidenta de esta oenegé.
Desde 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de TI clasifica a 180 países y territorios en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios).
Dinamarca (88), Finlandia (88) y Nueva Zelanda (88) son los países menos corruptos del mundo, según este informe, y Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11) registran los índices de corrupción más elevados.
Venezuela y Uruguay, en los extremos
Muy cerca de estos países sacudidos por las guerras está Venezuela (14), cuya nota, la peor de América Latina, no deja de empeorar desde 2013 y donde la “gran corrupción causa graves violaciones a los derechos sociales, incluyendo la educación, la salud y la alimentación”.
TI alerta además de que el sistema judicial venezolano ha perdido su independencia y “se ha convertido en un instrumento de represión contra la disidencia” y “las violaciones de derechos humanos se invisibilizan y permanecen impunes”.
La oenegé lamenta que pese a la existencia de abundantes leyes sobre el tema y un compromiso regional de actuar contra este flagelo, “la corrupción sigue debilitando la democracia y los derechos humanos” en la región y se necesitan “acciones contundentes para revertir esta tendencia” y proteger a la sociedad civil, insiste la organización.
En su fotografía general de 2021, TI critica que algunos presidentes, como Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador, usaron la lucha contra la corrupción como bandera de campaña para atraer a un electorado decepcionado de los políticos tradicionales y “cansado de la corrupción”.
Pero estos líderes “no han presentado avances en su lucha contra la corrupción y sí han tomado medidas antidemocráticas” y “regresivas”.
“Cuanto más democracia y más goce efectivo de los derechos fundamentales, más difícil es que florezca la corrupción”, advierte a la AFP Luciana Torchuaro, responsable para América Latina de la organización.
En América Latina, el país mejor calificado es Uruguay (73), “un ejemplo de cómo la estabilidad y solidez de las instituciones democráticas (...) son claves para que la corrupción no permee las instituciones públicas”, dice TI, considerando que este contexto institucional ha permitido que el país enfrente de forma más eficaz la pandemia de coronavirus.
Los últimos de la lista son, además de Venezuela, Nicaragua (20), Haití (20) y Honduras (23).
Argentina (39) fue el país de la región que más retrocedió (cuatro puntos) en 2021, debido a la injerencia del poder político en la justicia y “los abusos de poder” durante la pandemia, como una vacunación preferente para funcionarios y allegados o compras y contrataciones “poco transparentes”.
América Central, en su punto más bajo
En Centroamérica, la lucha contra la corrupción está en su punto más bajo, afirma TI.
Nicaragua es el ejemplo más flagrante. El país “no cuenta con la transparencia y el contrapeso al Ejecutivo necesarios para combatir la corrupción”, según la oenegé.
La concentración de poder en manos del presidente Daniel Ortega, releegido en noviembre, y de su esposa, Rosario Murillo, “ha permitido que el gobierno viole los derechos humanos y se burle del sistema electoral”, afirma TI.
Honduras (23) no se queda atrás. Desde 2015 perdió siete puntos en la lista y su presidente saliente, Juan Orlando Hernández, fue acusado de narcotráfico. TI resalta la llegada al poder de la izquierdista Xiomara Castro, que se comprometió a eliminar las “leyes de impunidad”.
También preocupa la situación en Guatemala (25), donde élites económicas y políticas e incluso sectores del “crimen organizado” se han apropiado del poder judicial y “han forzado al exilio a fiscales y jueces reconocidos por luchar contra la corrupción”.
Por último, el autoritarismo también amenaza a El Salvador (34), según TI, donde el gobierno toma medidas que socavan la independencia del poder judicial. Además, se sospecha que altos funcionarios del Ejecutivo participaron en “esquemas de corrupción multimillonarios” vinculados con fondos destinados a la lucha contra la pandemia del coronavirus”.
