EFE
Trump, que tomará posesión como presidente el 20 de enero, ha pasado de llamar “criminales” y “violadores” a los mexicanos a reconocer que los inmigrantes indocumentados son “gente fantástica”.
No ha dado, sin embargo, detalles sobre si esa distensión en el tono se traducirá en unas políticas más amables con los inmigrantes indocumentados y con México, país donde el peso ha alcanzado mínimos históricos con el dólar estadounidense ante la insistencia de Trump de construir el muro fronterizo.
“Vamos a construir el muro”, reiteró Trump el 11 de enero en su primera rueda de prensa tras el triunfo electoral.
A pesar de la oposición frontal del Gobierno de México, Trump aseguró que el país vecino acabará pagándolo, “con impuestos o pagos” directos, e insistió en la urgencia de su construcción, razón por la cual el vicepresidente electo, Mike Pence, ya ha empezado los trámites en el Congreso.
Un clásico de los mítines de campaña de Trump fueron los gritos a favor de la construcción del muro y, hasta ahora, esa es la única promesa que el millonario ha mantenido intacta.
El mayor cambio en cuanto a política migratoria corresponde a las deportaciones, pues Trump ahora dice que expulsará a los extranjeros que tienen “antecedentes penales”, cerca de tres millones, en vez de a los once millones de indocumentados que se calcula que viven en el país.
En su primera entrevista como presidente electo el 13 de noviembre, Trump dijo que su Gobierno decidirá sobre el futuro del resto de los inmigrantes indocumentados (entre ocho y nueve millones) una vez se haya fortalecido la frontera con México.
Las promesas de Trump para expulsar a personas con antecedentes penales no difieren tanto de las prioridades de deportación establecidas en noviembre de 2014 por el todavía presidente, Barack Obama, quien en sus dos años de Gobierno ha expulsado de Estados Unidos a 2,7 millones de personas.
Lo que más preocupa a muchos activistas es que Trump cumpla su promesa de derogar el programa de Acción Diferida (DACA) promulgado por decreto en 2012 por Obama y que ha servido para frenar la deportación de 750.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños y son conocidos como “dreamers” (soñadores).
Durante la campaña electoral, Trump afirmó que los “soñadores” serían deportados, igual que el resto de indocumentados que viven en el país, pero después de ganar las elecciones del 8 de noviembre adoptó un tono más ambiguo y dijo que la decisión que tome hará que la gente esté “contenta y orgullosa”.
Para evitar la deportación de esos jóvenes, el senador republicano Lindsey Graham y el demócrata Dick Durbin han presentado en el Congreso un proyecto de ley, que responde al acrónimo BRIDGE (puente, en inglés) y que suspendería la deportación de los jóvenes indocumentados durante tres años y les daría un permiso de trabajo.
“Estados Unidos podría perder cientos de miles de mentes brillantes, así como cientos de miles de millones de dólares en actividad económica”, dijo a Efe Durbin.
Para llevar a cabo sus planes de deportación, Trump tiene previsto resucitar los programas de cooperación entre la policía local y las autoridades federales, una propuesta que se ha topado con el rechazo frontal de las “ciudades santuario”, donde las autoridades protegen de la deportación a los inmigrantes.
Durante la campaña electoral, Trump prometió que negará fondos federales a esas ciudades, unas 300 en Estados Unidos y que incluyen a Chicago, Nueva York y Los Ángeles.
Tras el triunfo del magnate, varios alcaldes demócratas, como Bill de Blasio de Nueva York, reiteraron que su ciudad seguirá siendo un “santuario” y seguirán negándose a colaborar con las autoridades migratorias federales para identificar, detener y deportar a los indocumentados.
En términos generales, existe una diferencia conceptual entre Trump y los alcaldes demócratas: Trump relaciona inmigración con seguridad nacional y terrorismo, mientras que los demócratas apuestan por aprobar una reforma migratoria que abra el camino a la ciudadanía para los indocumentados.
Para Trump, el lema de “poner a EEUU primero” significa reducir los niveles de asilo e implementar un bloqueo “completo y total” a la entrada de musulmanes a Estados Unidos.
Esa propuesta, una de las más polémicas de la campaña de Trump, se ha encontrado con la oposición del senador Jeff Sessions, nominado por Trump para ser su fiscal general y que rechazó la idea de prohibir la entrada al país de las personas que profesan el Islam, religión de 3,3 millones de estadounidenses.
Las propuestas de Trump parecen impregnadas siempre de un tinte de irracionalidad e imprevisibilidad que le otorga una posición fuerte en la negociación y le permite ceder en algunos puntos mientras mantiene inamovible su idea de construir el polémico muro con México.
Ese muro provocaría un terremoto en las relaciones con toda América Latina, pero todavía queda por ver cómo Trump edifica unas promesas que durante meses parecieron solo humo.
