Dr. Luis C. Benítez Aguilar (*)
En los albores de la modernidad, la imaginación filosófica concibió a la ciencia empírica no solo como una ventana al conocimiento objetivo del mundo natural, sino como el cimiento mismo de la organización política y el progreso humano. Al bosquejar la mítica isla de Bensalem y su célebre Casa de Salomón, se postulaba una sociedad ilustrada donde el ingenio técnico y el estudio riguroso de la naturaleza operaban en absoluta sintonía con el bienestar colectivo y la estabilidad del Estado. En aquel horizonte fundacional, los sabios y sus invenciones no buscaban el lucro desmedido ni la hegemonía militar destructiva, sino la prolongación de la vida, la cura de las enfermedades y la erradicación de la escasez material para el beneficio armónico de todos los ciudadanos. Este espíritu primigenio, que confiaba ciegamente en la racionalidad tecnológica como el principal motor de la emancipación social, sentó las bases del proyecto político de Occidente. Sin embargo, al observar con detenimiento la actual arquitectura del poder digital y las fuerzas que lo gobiernan, resulta evidente que aquel ideal utópico ha sufrido una profunda y perturbadora metamorfosis, alejándose irremediablemente de su vocación pública para pasar a servir de manera casi exclusiva a los intereses hegemónicos de una minoría corporativa, en línea con lo que Éric Sadin denomina la “siliconización del mundo” y lo que Shoshana Zuboff conceptualiza como “capitalismo de vigilancia”, entre otros autores.
La erosión inexorable de este pacto social moderno fue anticipada con una claridad analítica escalofriante a finales del siglo XX por pensadores que avizoraron el impacto que tendría la microinformática sobre las estructuras de poder tradicionales. Desde esta perspectiva, articulada en influyentes textos sobre el advenimiento del “individuo soberano”, se argumentó que la revolución digital destruiría gradualmente el monopolio histórico de la coerción, el control territorial y los sistemas tributarios centralizados que sostienen a los Estados-nación contemporáneos. Se vaticinó que las redes globales, la hiperconectividad y la criptografía permitirían al capital transnacional y a una selecta élite cognitiva emanciparse definitivamente de las fronteras físicas, operando en un ciberespacio exento de responsabilidades fiscales o lealtades cívicas hacia cualquier comunidad local. En este escenario de transición sistémica, la noción misma de ciudadanía democrática se vuelve obsoleta y tiende a ser reemplazada por una relación puramente transaccional, donde los individuos más acaudalados se transforman en meros clientes que exigen servicios de protección y gobernanza a la carta. Mientras tanto, el Estado tradicional, desprovisto de sus recursos económicos más valiosos, se debilita hasta convertirse en una entidad disfuncional, incapaz de sostener los sistemas de bienestar y protección social que lo legitimaron en la era industrial. En este contexto se entiende por qué los expats locales protestaron por la nueva resolución de la DNIT con relación a la declaración de las criptomonedas.
Lejos de detenerse en la mera evasión fiscal o la secesión digital individualista, el poder tecnológico contemporáneo ha mutado hacia una ambición política mucho más asertiva y estructural, tal como se expone abiertamente en recientes tratados sobre la construcción de una “república tecnológica”, impulsados por figuras de la industria como Alex Karp. Esta nueva doctrina abandona el escapismo libertario de décadas pasadas para proponer una fusión radical y simbiótica entre el aparato militar del Estado y las gigantescas corporaciones tecnológicas. Bajo esta óptica gerencial, los sistemas democráticos tradicionales, con su inherente lentitud burocrática, su rendición de cuentas y sus debates éticos deliberativos, son presentados como mecanismos sustancialmente frágiles y obsoletos frente a las amenazas inminentes de adversarios geopolíticos globales. Se argumenta con vehemencia que, para preservar la supremacía de Occidente, es imperativo que el poder duro (entendido hoy como el armamento cinético impulsado por software e inteligencia artificial) reemplace a los enfoques diplomáticos y al poder blando, otorgando a los ingenieros y a las élites corporativas el mandato casi exclusivo de definir la arquitectura de seguridad y el destino estratégico de la nación, eludiendo el escrutinio público en nombre de la eficacia bélica.
La cristalización ideológica y política de este proyecto quedó brutalmente al descubierto mediante la reciente publicación de un polémico manifiesto corporativo que destila un marcado posliberalismo autoritario, por medio de un tuit en la plataforma X en la cuenta oficial de Palantir (empresa de Peter Thiel y Alex Karp, entre otros, quienes conforman la llamada mafia PayPal). El texto arremete frontalmente contra la “tiranía de las aplicaciones” de consumo cívico, exigiendo que el talento técnico de la nación deje de desperdiciarse en plataformas comerciales para dedicarse en cuerpo y alma a la creación de armas autónomas y sistemas predictivos, decretando de paso el fin definitivo de la disuasión atómica en favor de una nueva y agresiva disuasión basada en algoritmos militarizados. Aún más inquietante resulta su profundo desprecio por el pluralismo inclusivo y su categorización de ciertas culturas como inherentemente “disfuncionales y regresivas”, lo que delata un sesgo supremacista que resulta del todo incompatible con los valores democráticos contemporáneos. Este andamiaje discursivo no surge del vacío, sino que es la expresión política del TESCREAL, un complejo y sectario conglomerado ideológico que amalgama corrientes como el transhumanismo, el singularitarismo, el extropianismo y el largoplacismo, el cual se ha vuelto hegemónico en la cúpula directiva de Silicon Valley. Estas mitologías modernas operan como una religión secular que justifica la acumulación extrema de poder tecnológico, argumentando que la creación y el alineamiento de una superinteligencia artificial es el único camino válido para la salvación cósmica de la humanidad. Amparados en esta promesa utópica, sus adeptos se sienten moralmente autorizados a desestimar los daños sociales, la discriminación algorítmica y la degradación ecológica del presente, sacrificándolos en aras de un futuro hipotético que ellos mismos pretenden diseñar y gobernar sin oposición.
A nivel geopolítico, esta particular cosmovisión tecnooligárquica ya está redibujando dramáticamente los contornos del poder soberano y la seguridad internacional, un hecho que se evidencia con la reciente irrupción de modelos avanzados de inteligencia artificial como Claude Mythos. La alarmante capacidad de este sistema para identificar, de manera autónoma y casi instantánea, vulnerabilidades críticas en infraestructuras físicas y lógicas vitales (desde redes financieras globales hasta sistemas hospitalarios) provocó que se cancelara su lanzamiento público y se limitara su acceso exclusivamente a un círculo hermético de corporaciones de élite y aparatos de inteligencia. Este episodio marca un hito histórico donde el paradigma de la innovación abierta y el laissez-faire tecnológico colapsa ante las exigencias de la urgencia estratégica nacional. Como resultado directo, las repúblicas modernas y sus instituciones representativas se encuentran repentinamente subordinadas a las decisiones opacas de un puñado de corporaciones que controlan, en la práctica, la infraestructura cognitiva, comunicacional y militar subyacente a modo de monopolio. Esto consolida una nueva oligarquía digital que dicta las reglas materiales de la disuasión global y la ciberseguridad, operando de facto en la penumbra y totalmente al margen del escrutinio ciudadano y legal que caracteriza a los regímenes constitucionales. No olvidemos la foto de los techbro en la asunción de Trump.
Frente a esta colosal reestructuración sistémica del poder global, resulta imperativo examinar de manera crítica las implicaciones que este paradigma impone para el Sur Global, y, en particular, para una sociedad de corte conservador y en pleno desarrollo como la nuestra. La inteligencia artificial, el análisis de datos a escala poblacional y las arquitecturas de vigilancia que promueve el complejo tecnomilitar no operan de manera inmaterial en el vacío etéreo de la nube; por el contrario, poseen una base física y una huella ecológica brutal, exigiendo volúmenes colosales de energía eléctrica permanente, vastas extensiones de tierras raras y recursos hídricos críticos para refrigerar sus inmensos centros de procesamiento de datos. En este tenso contexto internacional, el actual debate en Paraguay sobre la implementación de políticas públicas gubernamentales orientadas a ofrecer tarifas de electricidad fuertemente subsidiadas e incentivos fiscales incondicionales para la instalación de mega “data centers” nos muestra una dinámica de sumisión gubernamental profundamente alarmante. Lejos de representar una oportunidad genuina de inserción soberana en la economía global del conocimiento, la cesión voluntaria de los bienes comunes estratégicos del país constituye en realidad la consagración de una nueva forma de “tecnocolonialismo” o colonialismo de datos. Al abrazar este modelo, el país hipoteca de facto su capacidad futura de industrialización soberana y de desarrollo humano local, destinando su invaluable riqueza hidroeléctrica a alimentar los motores algorítmicos de monopolios corporativos foráneos. Este esquema extractivo extremo genera apenas un impacto nulo en la creación de empleo cualificado local y carece de cualquier mecanismo de transferencia tecnológica real, limitando el rol histórico de la nación a ser una mera periferia proveedora de insumos baratos, sacrificando su entorno natural para sostener exclusivamente el progreso militar y financiero de la tecnooligarquía del Norte.
El avance desregulado y dogmático de esta ideología hipertecnológica plantea en la práctica la materialización de un sombrío retroceso histórico que se presenta falsamente disfrazado de innovación disruptiva: nos enfrentamos a una verdadera “vuelta al Medioevo” impulsada por la tecnología computacional. Las corporaciones monopólicas, convertidas hoy en las dueñas absolutas de los algoritmos de predicción, de la infraestructura digital crítica y ahora también de las doctrinas tácticas de la seguridad nacional, se están erigiendo aceleradamente como los indiscutidos nuevos señores feudales del siglo XXI. En nuestro ecosistema cerrado y asimétrico, a nosotros los ciudadanos nos despojan de nuestro ser político y somos reducidos a la mera condición de siervos digitales o usuarios pasivos, obligados a transitar por redes y plataformas estrictamente propietarias donde debemos ceder de manera sistemática nuestra intimidad, nuestros datos, incluyendo nuestros datos biométricos, y nuestros recursos naturales de nuestros territorios a cambio de la provisión de servicios básicos privatizados. Las tensiones, las asimetrías y los dilemas éticos que este panorama impone representan una amenaza de proporciones existenciales para el concepto mismo de nuestra soberanía popular y para la viabilidad de nuestra democracia. Si las naciones en vías de desarrollo aceptan pasivamente esta subordinación material e ideológica sin recuperar el control político efectivo sobre nuestros recursos estratégicos, corremos el gravísimo riesgo de ser subsumidas por completo en una arquitectura imperial global. En este escenario, el cacareado progreso técnico no funcionará como una herramienta para el bienestar colectivo que soñó Bacon, sino como la fortaleza invisible que blindará de forma irreversible los privilegios absolutos de una aristocracia corporativa no electa, los tecnobros. La defensa innegociable del Estado de derecho, de la soberanía material y del desarrollo equitativo frente a la imposición de este nuevo totalitarismo tecnológico se perfila, indiscutiblemente, como la gran batalla política y moral de nuestro tiempo.
Esta nueva arquitectura de poder, exige una traición al ideal ilustrado y a la razón pública, reemplazándola por la licencia moral de una aristocracia algorítmica para desmantelar la democracia del presente. Esta subordinación no es una abstracción, sino la reedición trágica del trauma fundacional: al igual que en la Guerra Guasu, la cesión de nuestros bienes comunes (hoy la energía, el recurso vital) bajo pretexto de un progreso técnico ajeno, no es otra cosa que una vuelta al vasallaje disfrazada de innovación disruptiva. El desafío, por tanto, trasciende la mera economía: se trata de recuperar la temporalidad compartida y la agencia popular, haciendo valer la soberanía no como un concepto fronterizo, sino como la defensa intransigente de la justicia distributiva y el control político sobre los recursos estratégicos, antes de que esta tiranía utópica y programada consuma la secesión definitiva de nuestra nación respecto a su propio destino histórico.
(*) Secretario de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial
