En 1969, Paraguay vivía bajo la dictadura del general Alfredo Stroessner que había tomado el poder en 1954. Este régimen se caracterizaba por la represión sistemática de opositores, violaciones de derechos humanos y un férreo control político. Rockefeller llegó a Asunción a mediados de junio de 1969 y fue recibido con toda la pompa por el régimen de Stroessner.
Sin embargo, las protestas populares no se hicieron esperar. Estudiantes secundarios y universitarios, trabajadores, campesinos e incluso sacerdotes salieron a las calles para manifestarse contra la presencia del emisario norteamericano y, por extensión, contra la dictadura. Hubo cierres de avenidas principales, quema pública de una bandera de EEUU y encendidas tribunas libres donde se denunciaba tanto a Rockefeller como a Stroessner.
La familia Rockefeller era dueña de la Standard Oil, compañía a la que en Paraguay muchos asociaban con la Guerra del Chaco (1932-1935), pues se creía que aquella empresa había apoyado al bando boliviano en busca de petróleo. Por ello, la visita de Rockefeller despertó un profundo recelo y descontento en distintos sectores de la sociedad paraguaya. La respuesta del gobierno fue inmediata y violenta: La policía reprimió duramente con cachiporrazos y gases lacrimógenos y dejó heridos y detenidos. En los días siguientes, las manifestaciones se extendieron a más instituciones (incluso colegios católicos), y varios jóvenes fueron golpeados brutalmente. Un hecho particularmente grave ocurrió cuando grupos de estudiantes perseguidos buscaron refugio en templos católicos. En Asunción, por ejemplo, decenas se resguardaron en la Iglesia de Cristo Rey, atendida por sacerdotes jesuitas conocidos por sus posturas progresistas. Lejos de respetar el carácter sagrado del recinto, las fuerzas policiales irrumpieron violentamente dentro de la iglesia, sacando a los manifestantes a golpes de porra incluso frente al altar. Esta violación de un templo religioso –algo hasta entonces inimaginable en Paraguay– causó escándalo y profunda indignación en la feligresía y en el clero. Poco después, el régimen expulsó arbitrariamente del país a varios sacerdotes acusados de “subversivos”, entre ellos el jesuita español Francisco de Paula Oliva (conocido por su labor social). También se reportaron represiones sangrientas contra campesinos organizados en ligas agrarias, con varios labriegos asesinados por las fuerzas del orden en esos meses.
Hasta entonces, el arzobispo de Asunción, Aníbal Mena Porta, había mantenido una relación cercana al régimen, pero surgía una nueva generación de obispos más sensibles a la teología de la liberación y críticos de la dictadura, influenciada por las reformas del Concilio Vaticano II (1962-65) y la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín de 1968, que instaron a un compromiso mayor con los derechos humanos y los pobres. Este clima de tensión político-social y de agravio a la Iglesia Católica sentó el escenario para los acontecimientos de finales de ese año.
El 9 de noviembre de 1969, en plena resaca de los hechos provocados por la visita de Rockefeller, ocurrió un anuncio inesperado y sin precedentes en la historia religiosa paraguaya. Aquel día, monseñor Ismael Rolón, (nombrado primer obispo –de la orden salesiana– de la recién creada Diócesis de Caacupé en 1966) en su carácter de obispo de la Diócesis de Caacupé, comunicó oficialmente que quedaban suspendidas las procesiones previstas para el 8 y el 15 de diciembre de ese año. Estas procesiones correspondían a la gran fiesta de la Virgen de Caacupé (celebrada anualmente el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción) y a su octava una semana después, eventos marianos de enorme arraigo popular en Paraguay.
En la carta que dirigió al ministro de Educación y Culto (Dr. Raúl Peña) para notificar al Gobierno, el obispo explicaba que tomaba esta “penosa determinación” debido a “hechos... vejatorios al pueblo de Dios y a la Iglesia, provocados a ciencia y conciencia y por orden de las altas autoridades nacionales”. En otras palabras, la Iglesia denunciaba que en los días previos el régimen había cometido atropellos deliberados contra la comunidad católica.
Dado que tradicionalmente el presidente Stroessner, sus ministros y altos mandos asistían y encabezaban la procesión de Caacupé, privarlos de ese protagonismo era un gesto desafiante.
“Era una manera de decirle públicamente a Stroessner: ‘Lo siento, pero esta vez no vas a llevar a la Virgen sobre tus hombros’” relata un cronista, graficando el significado político de la medida. En efecto, Rolón prácticamente le cerró la puerta al dictador en la principal festividad religiosa nacional. La carta oficial de la diócesis incluso subrayaba, con tono diplomático, que por “cortesía y protocolo” informaban con antelación la suspensión de los actos, dada la costumbre de las autoridades de concurrir a ellos. Pero el mensaje de fondo era claro: No se podía seguir con la normalidad litúrgica como si nada pasara, cuando el régimen estaba profanando templos y persiguiendo a los creyentes. Reinaban la perplejidad y el murmullo en la multitud: “¿Qué está pasando en el país para que se suspenda la procesión de la Virgen?”, se preguntaban muchos. Pronto comenzó a esparcirse la explicación: “No habrá procesión. Monseñor Rolón está enojado con el viejo (Stroessner) porque es muy abusivo”, comentaban en voz baja algunos peregrinos campesinos, mezclando guaraní y español. Era la primera vez, en la historia de las peregrinaciones a Caacupé, que la Virgencita no saldría en andas en su día ni siquiera durante guerras civiles del siglo XIX se había cancelado la celebración (la única vez registrada había sido en 1899, por una epidemia de peste bubónica).
En Palacio de López (sede de gobierno) la noticia cayó como un balde de agua fría. Los llamados “jerarcas stronistas” quedaron desconcertados y preocupados por el desafío eclesiástico. Stroessner había planeado, como cada año, asistir a Caacupé con toda su comitiva; de hecho, había ordenado a sus ministros “poner todo a punto” para su presencia en la fiesta mariana. Pero ante la carta de monseñor Rolón anunciando la suspensión, sus propios colaboradores le sugirieron dar marcha atrás. El ministro Raúl Peña le advirtió al dictador: “Es mejor que no se vaya, señor presidente”, mostrándole la misiva del obispo. Finalmente, Stroessner optó por acudir ese 8 de diciembre a Caacupé, encarando la humillación de llegar y no encontrar la procesión ni el recibimiento acostumbrado.
Si bien desde la óptica de la Guerra Fría las protestas y posturas eclesiales pudieron parecer alineadas con la izquierda (y fueron explotadas propagandísticamente como tales). Monseñor Rolón y sus colegas no censuraron a Rockefeller por ser un magnate capitalista debido a una doctrina marxista de lucha de clases, sino porque veían en su visita el sufrimiento de su pueblo. En palabras del propio Rolón, la Iglesia debe rechazar “la violencia” y cualquier ideología inhumana –ya sea la opresión capitalista o la revolución comunista–, y abogar siempre por los valores del Evangelio
El pulso iniciado el 9 de noviembre de 1969 tuvo continuidad.
Lejos de ceder, la Iglesia Católica paraguaya se fortaleció institucionalmente en sus reclamos, el Vaticano pareció avalar la postura firme de sus prelados: En junio de 1970, el papa Pablo VI nombró a Ismael Rolón como arzobispo metropolitano de Asunción, es decir, líder máximo de la Iglesia en el país. El sustituto, irónicamente, del acomodaticio Mena Porta fue el propio Rolón, quien había desafiado a Stroessner. A partir de entonces, Rolón continuó denunciando los atropellos.
En febrero de 1971 renunció públicamente a integrar el Consejo de Estado (un órgano consultivo del régimen en el que, por ley, participaba el arzobispo) con una dura carta en la que declaraba que su presencia allí podría interpretarse como aval a la dictadura, cosa inaceptable para su conciencia. Ese mismo año, tras nuevas agresiones policiales –como el secuestro y tortura de un sacerdote uruguayo enviado del CELAM–, Rolón excomulgó personalmente al ministro Montanaro y a otros jefes policiales responsables de la violencia, reafirmando el compromiso de la Iglesia con los derechos humanos.
En los años subsiguientes, la brecha entre Iglesia y régimen se hizo insalvable: Sacerdotes y monjas continuaron siendo hostigados o expulsados por trabajar con campesinos, y los obispos respondieron con pronunciamientos cada vez más valientes.
