La próxima vez que escuche quejas sobre el pésimo estado de nuestros hospitales, sobre los maestros que se aplazan masivamente en las evaluaciones, sobre el bajo nivel cultural e intelectual de nuestras élites, sobre nuestra desigualdad, en fin, sobre nuestro atraso general, piense en estas dos palabras: gasto social.
El gasto social está definido como los recursos que un Estado invierte en la reducción de la pobreza, en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y en la potenciación del capital humano. Esta inversión social es altamente rentable ya que profundiza la democracia al buscar acceso universal a buenos servicios de educación, salud, seguridad social y vivienda, entre otros.
Es, en definitiva, lo que el Estado gasta en la gente.
El larguísimo gobierno de Stroessner no priorizó esta inversión. Así, durante 35 años el Estado paraguayo invirtió menos del 1% del PIB en educación, por ejemplo. Y eso dejó secuelas cualitativas en toda una generación. Precisamente, a la que le tocó construir la transición a la democracia. Con ese déficit de base, puede entenderse por qué en los años siguientes, pese a libertades públicas plenas, los deberes siguieron sin hacerse. Y eso sigue dejando secuelas.
Hace 25 años, cuando iniciábamos la transición democrática, el Paraguay invertía 38 dólares anuales por habitante en gasto social. Imposible saber si eso es poco o mucho sin compararnos con el Mercosur, por ejemplo. Pues bien, en la misma época la Argentina invertía 632 dólares, el Uruguay 648 y el Brasil 706. Es decir, algo así como 18 veces más que nosotros. No había que hacer magia para adivinar por qué éramos coleros en la tabla social. Siendo así, se imponía invertir en los años siguientes mucho más que nuestros vecinos para intentar alcanzarlos.
Pasaron los años y los lustros y seguimos siendo los que menos lo hicimos. Los datos del 2009 (publicados en este diario el pasado martes) revelan que la inversión social paraguaya había subido a 147 dólares anuales per cápita. Pero, para entonces, la de Argentina era de 1.601 dólares, la de Brasil 1.419 y la de Uruguay 1.503. Nuestros vecinos siguen gastando en cada uno de sus habitantes diez veces más que nosotros. Se calcula que el año pasado nuestra inversión social habría subido a más de 200 dólares anuales. Es valorable, pero insuficiente para disminuir la enorme brecha con el Mercosur.
En los países pobres y desiguales la inversión social del Estado es insustituible para reducir los problemas estructurales. Nuestro atraso social (educativo, sanitario, en seguridad social, en viviendas) no es gratuito ni genético. Tampoco tiene curas milagrosas ni atajos populistas. Requiere una inversión social mucho mayor. Hoy somos lo que somos por lo que no hicimos ayer. Esto es tan claro que sobran las palabras. Los números lo explican mejor.
