La orden “sienta un precedente importante de que los animales pueden ejercer sus derechos legales”, explicó este lunes a EFE Christopher Berry, directivo de Animal Legal Defense Fund.
Esta organización protectora de animales puso a consideración el caso en una corte de Ohio como forma de apoyo a una demanda en Colombia contra el proyecto de inmunocastración para detener el crecimiento de esta población de hipopótamos en ese país andino.
“Este precedente respalda los argumentos que se están haciendo ahora mismo en otros casos en Estados Unidos de que los animales tienen capacidad para hacer cumplir los derechos legales, como el derecho a no ser descuidados cruelmente”, detalló Berry.
El abogado, sin embargo, explicó que el fallo del juez de EEUU, de mediados de octubre, “se limita a autorizar a los hipopótamos (en este caso sus defensores) a obtener pruebas en apoyo de su demanda en Colombia”.
En el caso de Latinoamérica, Berry explicó que Argentina y Colombia “son parte de una tendencia creciente de jurisdicciones en todo el mundo que reconocen que los animales son personas jurídicas con la capacidad de hacer valer ciertos derechos legales en los tribunales”.
El Animal Legal Defense Fund presentó a la corte de Ohio la solicitud para que fueran tenidas en cuenta como evidencia las consideraciones de dos expertos de ese estado en esterilización no quirúrgica, Elizabeth Berkeley y Richard Berlinski, en la demanda contra el Gobierno de Colombia contra el plan “para matar unos 100 hipopótamos”.
Escobar, el poderoso jefe del cartel de Medellín, importó en 1981 de un zoológico de Estados Unidos cuatro hipopótamos, tres hembras y un macho, para que formaran parte de la colección de animales exóticos de su Hacienda Nápoles, y que ahora se han reproducido sin control.
Los demandantes en Colombia son la “comunidad de hipopótamos que viven en el río Magdalena”, en el centro de Colombia, país en el que los animales tienen legitimación para entablar demandas para proteger sus intereses.
La voz de los hipopótamos
Las leyes estadounidenses permiten que cualquier “persona interesada” en un litigio extranjero solicite permiso a un tribunal federal para tomar deposiciones en Estados Unidos.
Según el Fondo de Defensa Legal Animal, dado que los hipopótamos son demandantes en el litigio colombiano, califican como “personas interesadas” en EEUU.
Stephen Wells, director ejecutivo del Animal Legal Defense Fund, dijo que la orden de la corte representa “un hito crítico en la lucha más amplia por el estatus animal para reconocer que los animales tienen derechos exigibles”.
“Los animales tienen derecho a estar libres de crueldad y explotación”, agregó.
La demanda en Colombia fue presentada en 2020 en nombre de los hipopótamos por el abogado Luis Domingo Gómez Maldonado “para evitar que los animales fueran asesinados”, recordó el fondo.
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Mientras la demanda está en curso, la agencia ambiental regional involucrada en abordar la población de hipopótamos anunció que había comenzado este mes a proporcionar a una fracción de los animales el medicamento anticonceptivo GonaCon.
Según el fondo, se desconoce si el uso del medicamento por parte del Gobierno colombiano es seguro y eficaz, y cuántos hipopótamos (Hippopotamus amphibius) van a matar.
La demanda busca una orden para proporcionar un anticonceptivo llamado PZP (zona pelúcida porcina), “dado su éxito histórico en hipopótamos retenidos en zoológicos”.
El testimonio de Berkeley y Berlinski se utilizará “para reforzar el apoyo al anticonceptivo PZP para evitar que los hipopótamos que viven en el río Magdalena sigan aumentando la población sin sacrificarlos”, precisó el fondo.
Actualmente, según las autoridades colombianas, hay identificados 80 hipopótamos que están repartidos en tres grupos poblacionales ubicados en la región del Magdalena Medio.
Para el año 2050 podría haber entre 400 y 800 hipopótamos (Hippopotamus amphibius) en Colombia si no se toman medidas, según un estudio de este año de la Florida International University (FIU).
Eso tomando en cuenta un índice anual de crecimiento de su población del 7%, pero si se considera un 11% de aumento, algo que no es irreal según la universidad, podrían llegar a 5.000.
