La decisión, que contó con 13 votos provenientes de la mayoría colorada de la Junta Municipal de Asunción, fue defendida por el concejal César Escobar (ANR-cartista) como una “acción desesperada para no dejarles a los vecinos en esta Navidad, Año Nuevo y enero sin el transporte”.
Para paliar el impacto, la aprobación de la suba del pasaje incluyó la implementación de un “pasaje único”, una modalidad que permitiría al usuario “abordar hasta dos ómnibus de ida y hasta dos ómnibus de vuelta” con el mismo boleto, proyectando lo que el edil Javier Pintos (ANR-disidente) denomina un “nuevo modelo de gestión” bajo el plan municipal Asu Destino.
El concejal explicó a Última Hora que la medida del ajuste del pasaje se establece de forma “temporal, hasta que se acceda al cobro del subsidio”.
Según Pintos, las empresas que operan las líneas 1, 6, 13 y 16 enfrentan una “situación bastante desigual con respecto a las empresas del área metropolitana” al no recibir subsidios estatales, cobrando un pasaje muy inferior al “costo técnico determinado por el Viceministerio de Transporte” que asciende a G. 4.704.
Sin embargo, la aprobación del aumento del pasaje desató críticas frontales, la primera de ellas proveniente del concejal Álvaro Grau (PPQ), quien calificó la medida de “ilegal” y denunció la morosidad crónica de los transportistas.
Grau aseveró que “plantear la suba del pasaje de empresas que funcionan de forma irregular es como plantear subir el precio del contrabando en lugar de combatirlo”, detallando que “ninguna de las empresas que funcionan explotando los itinerarios de Asunción tienen permiso municipal aprobado”.
El edil hizo especial énfasis en que estas empresas no cumplen con sus obligaciones tributarias, incluso calificó de “mafiosos” a quienes explotan el itinerario mientras se “castiga” al trabajador que apenas llega a fin de mes.
“Se está diciendo que se les va a castigar a los morosos, que se les va a controlar con dron. El primer dron se tiene que poner sobre la empresa de colectivos. La primera lista negra tiene que ser para las empresas, ni un solo guaraní no pagan. (...) Fantasmas que trabajan de forma irregular”, aseguró.
Estos cuestionamientos fueron reforzados por el concejal Humberto Blasco (PLRA), quien habló de una “relación tóxica” en la que se obliga a la ciudadanía a pagar más para que siga siendo maltratada. Blasco propuso una moción de rechazo del dictamen y advirtió que, pese a la suba de G. 600, las empresas permisionarias “en quiebra” solo se dedicarán a “pagar sus últimas cuentitas antes de bajar la cortina”, implicando así que la medida no mejorará el servicio del transporte.
Por su parte, la concejala Rossana Rolón (ANR-disidente) lamentó que la Junta termine el año “convertida en el Grinch de estas fiestas”, al permitir “reguladas, maltratos a pasajeros” y viajes con “inseguridad, porque se incendian los colectivos”.
Rolón mencionó que le avergüenza la postura de sus colegas de la ANR, en contra de los intereses de la ciudadanía, y también reveló que en la audiencia pública llevada a cabo en la Junta (en la que se trató el servicio de transporte), no se habló en ningún momento de modificar el precio del pasaje y que inclusive los transportistas tampoco mostraron su apoyo a la suba.
En la misma línea, el edil Pablo Callizo (PPQ) calificó el aumento como un “parche” que solo busca “alargar y prolongar la agonía de los pasajeros”, afirmando que los buses son “víctimas de la mala gestión de la Municipalidad”.
Jazmín Galeano (PPQ), asimismo, criticó la falta de transparencia del dictamen aprobado en la fecha. Informó que los concejales que no forman parte de la Comisión de Transporte no recibieron información relativa a la situación documental de las empresas, como tampoco ningún documento relacionado con los trámites para acceder al cobro del subsidio.
Desde el sector oficialista, se argumentó que la suba es una medida de supervivencia para evitar que los barrios se queden sin servicio. Miguel Sosa (ANR-cartista) defendió la medida como una “equiparación” con el precio que cobran las empresas que operan en el área metropolitana. Además, solicitó agregar al dictamen un emplazamiento para que las empresas regularicen sus documentaciones y pagos con la Municipalidad en 90 días.
En el debate también intervino la concejala Karina Acuña (ANR-cartista), quien sostuvo que “cuidar el transporte es cuidar también el bolsillo de la gente”. Argumentó que si el sistema colapsa, los usuarios pagarían tarifas mucho más altas en “plataformas digitales”.
La votación nominal cerró con 13 votos a favor y 10 en contra.
Los concejales que votaron a favor del dictamen fueron Arturo Almirón (ANR-disidente), Mariano Cáceres (ANR-cartista), Juan Carlos Ozorio (ANR-cartista), César Escobar (ANR-cartista y promotor principal de la medida), Marcelo Centurión (ANR-cartista), Augusto Wagner (PLRA), Nasser Esgaib (ANR-cartista), Juan José Arnold (ANR-disidente), Miguel Sosa (ANR-cartista), Gabriel Calonga (ANR-cartista), Javier Pintos, Daniel Ortiz (ANR-disidente), Carlos González (ANR-disidente) y Karina Acuña (ANR-cartista).
Quienes votaron en contra fueron Rossana Rolón (ANR-disidente), Pablo Callizo (PPQ), Jesús Lara (ANR-disidente), Víctor Ortiz (PLRA), Paulina Serrano (PPQ), Félix Ayala (PLRA), Jazmín Galeano (PPQ), Humberto Blasco(PLRA) y Álvaro Grau (PPQ).
