Son 22.000 millones de guaraníes para jactarnos de que, a diferencia de Brasil y Argentina, nosotros tenemos parlasurianos a tiempo completo y con todas sus necesidades financieras cubiertas; porque si hay pobreza, lo importante es que no se note.
Derrocharemos tres millones y medio de dólares en la producción de comunicados y dictámenes que no tienen carácter vinculante, resoluciones de valor cero, un mero ejercicio de retórica para dar ocupación a políticos en situación de retiro, o a financistas y caudillos que no lograron colarse en las listas internas de los candidatos al Congreso.
Un premio consuelo que incluye 32 millones de guaraníes mensuales de dieta, más un importante cupo de combustible y lubricantes (aunque ellos viajan exclusivamente en avión), seguro VIP y vaya a saber cuántos asistentes percápita, los operadores políticos que los ayudan en la difícil tarea de hacer nada.
Por cada litro de leche y kilo de pan tributaremos un IVA que, en un monto de más de 50.000 millones de guaraníes, ingresarán a las arcas de los partidos políticos en concepto de subsidio. En teoría, esa contribución evita que los candidatos de los partidos acepten dinero del crimen organizado, o que los movimientos sean controlados financieramente por empresarios, y les permite formar a sus cuadros y proponer políticas públicas. De más está decir que, en la práctica, abundan los candidatos financiados por el crimen organizado, y que se puso de moda que empresarios controlen financiera y políticamente determinados movimientos internos. Esto pese a que el subsidio se paga religiosamente todos los años.
Por lo demás, los partidos tradicionales no han sacado una sola figura de sus cuadros, y no hemos conocido jamás alguna propuesta estructurada de política pública que saliera de ellos. Nos referimos a los partidos centenarios que se llevan más del 90% del subsidio. Igual, los contribuyentes, en plena crisis económica, premiaremos su fracaso con no menos de ocho millones de dólares.
En el global del presupuesto público, los gastos de este tenor puede que tengan un impacto menor, pero sus efectos en los niveles de bronca ciudadana son mayúsculos.
Es temerario decirle al trabajador cuentapropista –ese cuyos ingresos dependen de patear calles y cruzar los dedos esperando que la suerte le permita vender lo suficiente ese día– que el Fisco lo multará si se atrasa con el pago del IVA, mientras un parlasuriano se rasca desaprensivamente la barriga esperando cobrar a fin de mes su dieta, una dieta financiada, entre otras fuentes, con el IVA del cuentapropista.
Es arriesgado pedirle a un maestro que aguante unos meses más sin el pírrico ajuste salarial prometido cuando se entera en la prensa de que aumentará el subsidio para los partidos políticos, y que ese incremento es defendido en el Congreso por el legislador vinculado con narcos o por el otro que balbucea el español y tiene causas pendientes con la Justicia.
Es así como se construyen los estallidos sociales. No es el monto, es la tocada de oreja; una larga y repetida tocada de orejas que reventó en una revuelta inesperada en Chile. De nada sirve el crecimiento económico si la mayoría recibe poco y observa con ira creciente el reparto de privilegios entre la clase política, los administradores de turno de su dinero y una minúscula oligarquía económica.
Las personas necesitan señales. Si les piden austeridad, tienen que observar incluso mayor austeridad entre quienes se la piden. No se puede seguir jugando con la paciencia de la mayoría. Hay demasiada bronca acumulada.
El Presupuesto 2020 puede dar cuanto menos una primera señal. Así que más les vale empezar a cortar hoy en su propia carne o verán mañana cómo ruedan sus cabezas. No darse cuenta es simplemente suicida.
