El hecho llegó a juicio, donde el ex intendente Roberto Cárdenas obtuvo una condena de cuatro años por lesión de confianza.
Ayer se realizó la segunda rendición de cuentas de casos emblemáticos de corrupción, promovida por el Ministerio Público y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ).
En la edición, los fiscales Luis Said, Carina Sánchez y Teresita Torres expusieron detalles de la causa que lleva ya nueve años de vigencia, sin que pueda quedar firme.
EL ESQUEMA. Sánchez dio detalles de la investigación en la que descubrió que en realidad existía un esquema. No era solamente un colegio, sino quince más donde también se hicieron construcciones con los mismos fondos.
Contó que cuando hicieron las intervenciones en los 16 colegios, las directoras contaron cuál era el esquema.
“La necesidad era tanta de tener un lugar mejor para sus niños y aceptaron firmar un supuesto contrato con el intendente, otro con el supuesto contratista, aceptaron que iban a recibir el dinero que nunca tuvieron y verificar las instalaciones, siendo que no tenían capacidad de determinar si una construcción está bien hecha”, dijo la fiscala.
Con la investigación se pudo determinar que “el esquema se estableció entre los funcionarios de la Municipalidad, el intendente, el director de finanzas, el director de obras” e incluso con los supuestos constructores, que en realidad eran amigos y allegados al intendente.
Hubo un direccionamiento del contrato de obras a la misma empresa en varias construcciones. “Algunas ni siquiera eran empresas o ni siquiera eran constructores”, expuso Sánchez.
“Ni siquiera importó que esas aulas eran para niños y adolescentes”, lamentó.
Se había determinado que, según los papeles del Ministerio de Educación, la inversión de la construcción en el Colegio Nacional de Lambaré en la institución costó G. 69 millones; sin embargo, la Municipalidad habló de un gasto de G. 266 millones. Por este motivo se comprobó que hubo un sobrecosto.
