El ministro de Obras Públicas recibió en su despacho a ÚH, donde conversó sobre la complejidad de las licitaciones de su cartera y reconoció ciertas deficiencias a mejorar. Comentó que debe gestionar diversos intereses económicos en juego, ante una dependencia que mueve gran volumen de dinero, de casi USD 1.000 millones en 2020, además de ser la cuarta cartera de mayor presupuesto del Poder Ejecutivo.
–La Ley de Contrataciones Públicas (N° 2051) establece la posibilidad de aumentar el monto contractual hasta el 20%, ¿por qué ese recurso es una regla en la cartera siendo que debería ser la excepción? ¿Falla la planificación o las necesidades se agrandan posteriormente? ¿Por qué ocurre esto?
–La ley establece esa posibilidad, inclusive con ciertas modalidades de llamado que algunos creen que no se permiten, pero están el artículo 55 y 62, que invoca causa pública o de interés público por la necesidad de la contratante de mejorar el proyecto. Es decir, no existe eso de que no se puede ampliar un presupuesto. En las obras públicas la cuestión tiene varias aristas. Por un lado, muchas veces hay que reconocer que los diseños previos de las obras son muy deficitarios o tienen limitaciones y eso debe mejorar. No obstante, hay cuestiones difíciles de predecir. Un ejemplo es el puente proyectado sobre el río Monday (Departamento de Alto Paraná). Su diseño databa de hace diez, con otras circunstancias y recursos. Se establecía un puente en forma de arco, pero era muy costoso, con un precio referencial de USD 47 millones. Luego, bajamos ese precio analizando las condiciones del préstamo (con la CAF) y las necesidades de encarar algunas obras complementarias muy necesarias en el este del país. Le convencimos a la CAF que era necesario otro diseño de puente y ellos contrataron un consultor para el diseño de un puente que no sea en arco y sea más económico, con mejor calidad. Así llegamos a un presupuesto de hasta USD 25 o 30 millones de precio referencial, y con la competencia eso bajaría más.
–Pero bajar el precio referencia para luego ampliarlo, ¿qué sentido tiene eso?
–Las licitaciones en nuestra gestión tuvieron la tendencia de contar con ofertas presupuestarias en promedio cercano al 20 y 25% debajo del precio referencial. Y allí hay otro problema. Muchos (oferentes) lo hacen con la expectativa de, a través de un convenio modificatorio, generar la necesidad para ampliar ese presupuesto posteriormente. Es cierto que hay diseños deficitarios o desactualizados, pero hay que considerar que una obra pública siempre es dinámica, en el sentido de que genera situaciones imprevistas. Hay casos que se hacen rutas, en la planificación hay una cantidad determinada de frentistas y en el momento de la construcción eso aumenta. Así, el diseño no puede adivinar qué dinámica tendrá la obra pública y genera una serie de necesidades. Las obras de infraestructura también tienen el desafío de enfrentar cambios en el entorno a la obra, que generan la obligación de modificar el proyecto.
–El 50% de las resoluciones de la DNCP son de protestas y la mayoría se centra en el pliego. Usted me mencionó que la planificación a veces es deficitaria, y por eso, ¿cómo se disminuirían las protestas o qué recursos se usarían para perfeccionar los pliegos?
–Son muchos criterios. Cada persona tiene derecho y su opinión. Lo que se trata en la previa, cuando se hace el diseño, es realizar audiencias públicas con la comunidad y las autoridades. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces las audiencias públicas del Gobierno central, a través del MOPC, se dan en un momento y luego cambian las autoridades municipales, considerando que esto lleva su proceso con el proyecto de préstamo, la aprobación, el diseño y el proyecto de licitación de la obra. Estos cambios (de autoridades) generan que no se entienda lo que decidieron los anteriores (administradores). Eso pasa en Gobierno central. Así, hablamos de una política de Estado que debe sincronizar los procesos entre Gobierno central y gobiernos municipales o departamentales, cuestión que no es tan fácil, ya que es muy compleja la interacción entre estas instituciones.
–En las protestas se manifiestan los excluidos de las licitaciones, ¿qué puede decir al respecto?
– En el caso de las protestas, a nadie le gusta perder. En esta cartera se juegan muchos intereses económicos. Entiendo muchas veces las protestas y veo que hay empresas que se están quedando sin trabajo por la limitación económica que tenemos en este momento por el tema Covid. Ahora, por ejemplo, tenemos la dificultad de llamar a licitaciones con fondos propios, que son básicamente orientados a empresas medianas y pequeñas.
Hay desesperación de las empresas que buscan tener cierta previsibilidad. Al ir terminando una obra, ya piensan cuál sería la siguiente donde trabajar, considerando sus compromisos y personas que viven de la empresa, y no se puede seguir dándoles trabajo si no tienen una fuente. Así aparece la desesperación, el no querer perder y la situación de las empresas que nunca se satisfacen con lo que ya ganaron y quieren ganar más y más obras. Sin embargo, muchas veces hay protestas infundadas o superficiales, y muchas de ellas finalmente no tienen la razón, sino que gana el análisis y la evaluación basada en el criterio técnico, que muchas veces no gusta, pero que es la verdad.
–¿Qué criterios priman a la hora de adjudicar una obra?
–Hay criterios que tratamos de impulsar y lo trabajamos con la DNPC, como el mejor precio posible para el Estado. Cuando más económica una obra, mejor, siempre y cuando cumpla los requisitos de calidad. Es decir, la eficiencia del gasto público será que rinda lo más posible el poco recurso que tiene el Estado. Entonces, uno no adjudica sencillamente porque me gusta tal empresa o porque tiene un buen antecedente. Lastimosamente, cuando se publica la apertura de los sobres muchas veces las firmas mencionadas en el acta de las ofertas, y que tiene el precio más barato, se autoproclaman como ganadores. Pero eso pasa luego por la evaluación. El precio más económico es un ítem a considerar, pero después se ve si cumple con todos los requisitos, si tiene las coberturas que le garantizan al Estado de que no cobrará el anticipo y después se mandará a mudar.
–¿Qué pasa si una empresa tiene una buena oferta económica, pero por un determinado motivo no cumple un requisito específico que puede ser superficial e incluso un motivo de exclusión de la licitación?
–Si es un requisito que le descalifica a la empresa, obviamente tiene que eliminarse esa oferta aunque sea la más económica. Pero también hay diferentes tipos de requisitos. La garantía o el seguro, que son cuestiones que no se negocian, se debe tener si o sí. Pero de repente hay otros criterios donde si se puede analizar y muchas veces, lo que se hace es una consulta a la empresa con documentos a verificar para corroborar si es cierto o no, si va a poder cumplir o no tal requisito. Entonces, la respuesta de la empresa revela si está bien fundamentado o no (tal requisito) y se ve si se le adjudica o no la licitación.
–¿Por qué algunas obras incluyen licitación externa (con llamado a licitación) para la fiscalización y en otras este aspecto recae en manos del MOPC, donde no habría suficiente equipo humano?
–Es todo un tema la fiscalización. Algunas obras licitadas con fondos propios que son con licitación pública nacional, como las obras de la Defensa Costera de Pilar y de las obras complementarias del segundo puente con el Brasil, llegaron en un momento en el que el Ministerio de Hacienda nos objetaba la falta de recursos para las obras propias y nos exigía economizar lo más posible. Por eso, los proyectos como el Puente de Chaco’i y la Defensa Costera de Pilar lo fiscalizamos con recursos del Estado, con nuestros propios fiscalizadores. No sé cuántos son en el MOPC, pero son muchísimos.
Hay desesperación de las empresas que buscan tener cierta previsibilidad. Al ir terminando una obra, ya piensan cuál sería la siguiente donde trabajar, considerando sus compromisos.
En el caso de las protestas, a nadie le gusta perder. En esta cartera se juegan muchos intereses económicos. Muchas veces hay protestas infundadas o superficiales que no tienen la razón.
