MADRID
Rodeado de escándalos de corrupción y presionado por los aliados que lo ayudaron a llegar a la presidencia, el mandatario español Pedro Sánchez ha solicitado comparecer ante el pleno del Congreso para informar sobre la situación política que podría derivar en su caída.
El último episodio de la ya larga lista de casos judiciales que acorralan al presidente progresista es el operativo policial que realizó este miércoles la Policía en la sede del oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en donde se requisaron documentos y computadoras.
La investigación se lleva a cabo en el marco del llamado ‘caso Leire’, bajo mandato del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Se recolectan pruebas sobre presuntos pagos del ex secretario general del PSOE Santos Cerdán “con cargo a fondos del partido” a la ex militante Leire Díez para “atacar la correcta dirección de las investigaciones” abiertas a la mujer (Begoña Gómez) y al hermano (David Sánchez) del presidente del Gobierno, así como de otras vinculadas al partido de Gobierno.
“POR ORDEN DEL ONE”. Según publicaciones de la prensa española, el juez Pedras cuenta con mensajes interceptados en los que Santos Cerdán recibió la orden de perseguir a jueces, fiscales y policías por “orden del One”. Según OKDiario, esta expresión es utilizada por los que integran este esquema para referirse al presidente español, Pedro Sánchez.
Según el dictamen del juez, “la organización centró su actividad en una serie de causas judiciales vinculadas al fraude en el sector de los hidrocarburos, al considerarlas vinculadas a las causas que afectaban al partido y al Gobierno y, por lo tanto, un medio para alcanzar su objetivo último, dado que consideraban que si conseguían propiciar nulidades en las primeras, estas serían trasladadas hasta las causas judiciales que conformaban su objetivo último”.
ZAPATERO. El gobierno de Sánchez también recibió otro golpe durísimo tras la reciente imputación del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, figura destacada del PSOE y con gran influencia en el partido. Zapatero es considerado por la Justicia como el presunto “vértice” de una trama de tráfico de influencias. Está citado a declarar los días 18 y 19 de junio.
SITUACIÓN GRAVE. Pedro Sánchez admitió ayer la “gravedad” de las investigaciones de la Audiencia Nacional y garantizó la “total colaboración” con la Justicia por parte de la dirección socialista, aunque descartó adelantar las elecciones.
Los socios de gobierno del PSOE descartan impulsar o apoyar de momento una hipotética moción de censura, y la mayoría de ellos sostienen que la línea roja para retirar su apoyo al Gobierno sería que se constatara una financiación ilegal del partido socialista. Una línea que ya está bajo investigación.
No obstante, tanto la oposición como algunas voces dentro del PSOE han defendido la necesidad de un adelanto electoral.
Uno de los históricos del PSOE, el ex presidente del Gobierno español Felipe González, pidió esta semana el adelanto de las elecciones a Pedro Sánchez.
“Debería haberlas este año”, respondió el ex político de 84 años –presidente entre 1982 y 1996– al ser interrogado sobre las elecciones, normalmente previstas en 2027, durante un acto en Valencia. González, que se mostró en el pasado muy crítico con Sánchez, reclamó “respeto por la infantería”, aludiendo a las bases socialistas, que asisten con perplejidad la acumulación de casos judiciales vinculados al gobierno de Sánchez.
Esposa y hermano en el banquillo
Los quebraderos de cabeza del presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, continuaron con la apertura ayer jueves del juicio a su hermano David, por haber recibido presuntamente un trato de favor a la hora de conseguir un empleo público.
Para Pedro Sánchez, el caso de su hermano se une al de los dos hombres claves en su ascenso al poder en 2018, que han sido o serán juzgados por casos de corrupción -Santos Cerdán y José Luis Ábalos-, y al de su esposa Begoña Gómez, que está cerca del banquillo de los acusados como sospechosa de tráfico de influencias. Gómez debe declarar el próximo 9 de junio. Está acusada de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
