De entre todos los males que se achacan a los parlamentarios de nuestro país, uno muy grave es la mala calidad de las leyes que elaboran y terminan aprobando.
Una tarea para la cual tienen todo lo necesario, en exageración, para alcanzar un rendimiento óptimo en todas las funciones que la Constitución Nacional les asigna a los miembros del Poder Legislativo.
Por eso resulta tan lamentable que aprueben leyes ineficaces, que ni siquiera tienen aplicabilidad de tan mal enmarañadas que son o que en la práctica no logran modificar nada.
Dos ejemplos concretos son la ley que concibe el sistema nacional de inspección técnica vehicular (ITV) y la ley que crea el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito (SOAT). Ambas normativas terminaron postergadas en su aplicación, después de generar confusión generalizada y levantar a la ciudadanía en contra.
De este modo, aunque existe la necesidad de controlar el estado de los vehículos que circulan por el territorio nacional antes de otorgar a sus propietarios la patente.
Así como es imperioso contar con un seguro obligatorio para cubrir los gastos en tratamientos médicos y en caso de fallecimiento de los accidentados en el tránsito, entre otras medidas que deberían operarse, el Congreso Nacional ni siquiera logró superar la etapa de instalar positivamente estos temas en la opinión pública y sensibilizar a la gente sobre ellos.
No hablemos de si se prevé con ellas la capacidad por parte de las instituciones que serán órganos de aplicación.
Normalmente se promulgan leyes que ni a largo plazo cumplen con su finalidad, justamente porque antes de su aprobación no se previeron otros aspectos, como presupuesto. Un ejemplo constituye el largo tiempo que llevó crear las Codeni en los municipios del país. El Código de la Niñez y la Adolescencia entró en vigencia en el 2001 y hasta hoy no está consolidado el Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral a la Niñez, porque las instituciones o no existían o hasta hoy no cuentan con un mínimo de recursos para funcionar con eficiencia.
Los legisladores reciben entre sus haberes un monto que está destinado a la asistencia parlamentaria. Es decir, para contratar como asesores a especialistas en diversas materias. Varias investigaciones periodísticas demostraron que ese dinero se destina a otros fines y que los legisladores lo que hacen es nombrar asesores a sus parientes o “amigas”, que de especialistas no tienen nada.
Aunque en ocasiones llaman a audiencia pública para recibir aportes y opiniones sobre el contenido de los proyectos de ley que analizan, en la práctica los parlamentarios poco o nada toman en cuenta lo que la gente dice o propone. Hasta que alguna manifestación masiva les sacude en sus burbujas y no les queda otra que, por otra ley, postergar la que hicieron mal. Total, no sufrirán descuento alguno.
