24 feb. 2024

Ley pyrague

Por Guido Rodríguez Alcalá

Guido.jpg

El Congreso pretende aumentar el control sobre la ciudadanía, siendo que debería ser al revés: la ciudadanía debería aumentar el control sobre el Congreso y sobre los funcionarios públicos en general.

Me refiero al proyecto de ley con media sanción en el Congreso, que obliga a las empresas de internet a retener información sobre las comunicaciones de sus usuarios durante un año.

Según sus partidarios, el Paraguay será una isla de impunidad si no se aprueba la ley, porque “hoy todos los delitos se cometen por internet” (Última Hora, 23/2/15).

Me gustaría saber cómo se viola o apuñala; cómo se vacían cajas fuertes o se usurpan tierras fiscales; cómo se compran votos o sentencias por internet. Para estos y muchos más delitos, basta con aplicar los métodos tradicionales, sin necesidad de aumentar el espionaje electrónico, del cual hemos tenido bastante, sin que aumentara la seguridad de las personas comunes.

Un ejemplo de espionaje es el video porno filmado por un senador, cuya difusión por la red fue una cortesía de sus colegas parlamentarios.

El video puso en evidencia graves faltas éticas y legales en el cuerpo legislativo, sin que los culpables sufrieran las consecuencias.

Aun siendo el caso más divertido, no fue el primero ni el más grave. Un senador fue filmado pidiendo una coima; un diputado, pistola en mano, asaltando la casa de su novia (por suerte, la pobre no estaba); varios parlamentarios, haciendo saltar los fusibles de la sala de sesiones para interrumpir el debate.

Francamente, no creo que el Congreso tenga suficiente autoridad moral para permitir el espionaje de todos los habitantes del Paraguay con la ley mencionada.

Se objetará que la ley no es para uso del Congreso sino del Poder Judicial y de la Policía. No me convence. Hace algunos meses, una mujer fue bárbaramente asesinada; las fotos de su cuerpo acuchillado circularon por internet. Si ningún funcionario de la Policía ni de la Fiscalía lo hizo, a una de esas dos instituciones le cabe la responsabilidad de no haber impedido semejante infamia.

Cuando la ley pyrague legalice la acumulación de datos, es de temer su pérdida o comercialización. ¿Qué nos garantiza que la información no se utilizará para la manipulación política? Hace poco tiempo, un político disidente del oficialismo recibió un mensaje de adhesión; como por arte de magia, los adversarios políticos se enteraron de la adhesión.

Los defensores de la retención de datos dicen que eso existe en otros países. Existe, y ha sido la causa de un escándalo internacional: controlaron el celular de Ángela Merkel y otras celebridades; en eso ha terminado la historia de los metadatos. Por eso lo han proscrito el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Más contenido de esta sección
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.
A poco más de dos semanas del inicio de las clases en las instituciones educativas oficiales, nos encontramos frente a un desolador y conocido panorama: el abandono de las escuelas públicas. En un rápido recorrido de UH por algunos establecimientos se comprueban pisos hundidos, techos con goteras, letrinas en vez de baños, sin acceso a energía eléctrica o agua potable. Ese es precisamente el estado de la educación pública en el Paraguay, un país desigual que les niega las mínimas oportunidades a sus niños y jóvenes.