En la argumentación del proyecto en cuestión se establece que la intención es, toda vez que se convierta en ley, fusionar algunas entidades públicas, ya que no está claro en qué casos se justifica la creación ni las reglas generales de organización de algunas instituciones que funcionan hasta ahora.
“No hay reglas que delimiten las proporciones de estructuras administrativas destinadas al servicio misional, áreas administrativas o asesorías, lo que genera desbalances en desmedro del servicio misional, ya que, por ejemplo, los Poderes Legislativo y Judicial también ejercen funciones administrativas”, se explica en el articulado del proyecto.
En ese tenor, el futuro ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, había mencionado que estudios internacionales ubican los presupuestos en la coherencia de brindar recursos en un 70% a tareas misionales, y el restante 30% a cuestiones administrativas; mientras que en Paraguay se evidencia, en promedio, un 50% para la burocracia y la otra mitad del presupuesto para las cuestiones misionales. Es más, puntualizó que en el caso del Ministerio de la Mujer los gastos administrativos llegan al 80% y solo el resto para lo que realmente fue creada la institución.
Reordenamiento. Casi 35 dependencias están en la mira y consignadas en el artículo 51, bajo el título “Mandato especial de reordenamiento institucional”. Según el mismo, el Poder Ejecutivo analizará, en una primera fase y especialmente, la potencial fusión de instituciones públicas o la subrogación de funciones (puede observarse la lista en la infografía). En definitiva, el tenor del proyecto es reducir costos, mejorar la coordinación sectorial e incrementar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos.
El partido gobernante tiene mayoría en ambas cámaras del Parlamento para imponer la sanción de la ley.
