–¿Por qué se opone con tanta vehemencia al proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones?
–Me opongo a esta ley, en forma general, porque el proyecto no contempla ni menciona al 80% de la población que no tiene seguridad social, siendo la jubilación solo uno de los aspectos de esta figura. La seguridad social está legislada a nivel internacional por el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y contempla varias situaciones en las que podemos encontrarnos en la vida, que pueden dejarnos en la calle o incluso producir nuestro deceso si no estamos cubiertos. Algunas de esas situaciones son enfermedad, enfermedad profesional, viudez, vejez, desempleo, etc. Podemos leer este documento en internet y comprobar que este proyecto de superintendencia de jubilaciones no toma para nada en cuenta las recomendaciones de la OIT.
–¿Cuál es la intención oculta detrás de este proyecto, por qué se quiere aprobar tan raudamente?
–Tengo la convicción de que con el proyecto de ley que se discute se oficializará disimuladamente el sistema de jubilaciones privadas que deja al trabajador/a como único responsable de su jubilación, cuando esta debe ser contributiva; es decir, deben aportar los trabajadores, los empleadores y el Estado. De esta forma, el Gobierno se desentenderá de su obligación de promover el derecho ciudadano a la jubilación y dejará de buscar recursos para tal efecto. Es decir, seguirá sin cobrar los impuestos que deberían pagar los más pudientes y las empresas. Es quitar al pobre para darle al rico.
–¿Cómo evidencia este proyecto de ley la intención de privatizar el sistema de jubilación, según su parecer?
–Con el sistema privado de jubilaciones, los empresarios ya no pagarán el aporte patronal. El sistema privado y el público no podrán convivir. Empezarán a decir que el trabajador podrá cambiar de sistema si así lo desea. Falso. Porque más temprano que tarde el empresario llamará al empleado y, para no seguir pagando su aporte patronal, obligará al trabajador, bajo amenaza de despido, a mudarse al sistema privado. Así, el sistema público se irá debilitando , hasta no poder pagar las jubilaciones, y el Estado deberá ayudar a los jubilados como se hace en Chile.
–El modelo chileno de jubilaciones privadas fascina a muchos sectores en el país, pero ¿qué consecuencias podrían traer para el trabajador?
–Aquí quieren implantar el modelo chileno, instaurado en la época de Pinochet, que trajo consecuencias económicas y sociales desastrosas para la población chilena. Las investigaciones de la Fundación Sol sobre “Jubilaciones sin Seguridad Social”, muestran que hay un creciente movimiento en Chile que se llama “No + AFP” (no más jubilaciones privadas). Además, reflejan cómo se empobrece a adultos mayores para enriquecer al sector financiero. El dictador Pinochet no mandó al sistema de jubilación privada a los militares ni carabineros, porque ambos sectores lo sustentaban. Hoy se puede ver el resultado: la jubilación privada de esos dos sectores tiene un nivel dos o tres veces superior a las jubilaciones de los trabajadores/as chilenos del sector público y privado. En Chile también existe una Superintendencia de Pensiones, la cual es calificada de “puerta giratoria” por la Fundación Sol. Es decir, un capitalismo de compadres donde una persona ligada a las empresas de jubilación privada es la que “controla o supervisa” hoy y mañana “supervisará” otro individuo de otra empresa del mismo ramo. Esa práctica redundó, según la Fundación Sol, en el mayor enriquecimiento aún de unas cuantas familias chilenas ricas.
–¿Hay pruebas que se puedan tomar como ejemplo sobre el fracaso del sistema de jubilación privada en los países que lo implementaron?
–El uruguayo Ernesto Murro, experto en seguridad social de la OIT, dice que entre 1981 y 2014, 30 países (de un total de 195 registrados en las Naciones Unidas) privatizaron total o parcialmente sus sistemas públicos de pensiones. Pero hacia 2018, 18 países desarrollaron procesos para volverse atrás, entre ellos Venezuela, El Salvador, Argentina, Bolivia, Bulgaria, Estonia, Letonia y Lituania, Hungría, Croacia, Macedonia, Polonia, Rusia, Kazajistán, República Checa y Rumania. Es decir, habría solamente 12 países en el mundo que implantaron un sistema que empobrece a la gente en la edad adulta.
–¿Qué intereses hay detrás de esta ley, para Ud?
–Ni por un instante voy a creer que el Gobierno no esté interesado en utilizar los fondos de la seguridad social. Una de las primeras declaraciones de Santiago Peña a los empresarios fue que no les subiría los impuestos, a pesar del urgimiento de organismos internacionales. Pero el monto de la deuda subió y, con ella, aumentaron los intereses a pagar. Para utilizar los fondos jubilatorios, el secretismo de la Superintendencia podría ser muy funcional. Mientras que las empresas financieras, que reciben los depósitos de los/as trabajadores que ahorran para su jubilación, cobran jugosas comisiones.
–¿Y con la privatización de la seguridad social también se privatizará los servicios de salud?
–Claro, pues la seguridad social también comprende los servicios médicos. Llama mucho la atención en el extranjero la cantidad de hospitales privados que se están construyendo en Paraguay. El promedio de gastos en salud en América Latina es del 3,8%, que dan un total de USD 342.000 millones que las multinacionales de la salud y sus satélites quieren meterse en el bolsillo. Sostengo que el proyecto de ley de superintendencia promovido por el cartismo con tanta vehemencia y urgencia es un ejemplo de gatopardismo (cambiar para no cambiar nada). Si realmente quisieran cambiar las cosas, deberían procesar y castigar con todo el peso de la ley a quienes dilapidaron o se tragaron los fondos de la seguridad social, por dentro y por fuera, con la omisión cómplice de los poderes públicos y llamar a un amplio diálogo, sobre todo a los sectores que no tienen seguridad social para consensuar una ley.
