Incluye, además, modificar la legislación relacionada a radios comunitarias, a fin de garantizar el acceso a frecuencia, alcance y recursos.
Garantizar los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de prensa, mediante una política de inspección laboral permanente en medios de comunicación y dar cumplimiento pleno a los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón.
También, cumplir con lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la obligación de los Estados de adoptar un discurso público que proteja y promueva la libertad de expresión.
Según el SPP, en el país se dan discursos estigmatizantes y ataques por parte de los sectores de poder, particularmente de quienes ejercen funciones de Gobierno, lo que representan una amenaza latente para las y los periodistas y, por consiguiente, para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. Las trabajadoras de prensa son hostigadas y atacadas en el ejercicio de su labor, sobre todo en el Congreso Nacional.
