17 feb. 2026

Levantan suspensión de otra jueza de Paz

Por pasar el plazo máximo de suspensión que puede disponer la Corte Suprema, levantaron ayer la suspensión de la jueza de Paz del distrito de San Roque, Liliana González de Bristot, quien sigue bajo sumario, en el caso conocido como la mafia de los pagarés.

Esta había sido suspendida el 18 de diciembre pasado por lo que el 18 de enero, se cumplieron los 30 días. Con ello, solicitó el levantamiento de la medida cautelar al pleno, que fue concedida por los ministros.

El presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, aclaró que los 30 días era la sanción máxima que podía dictar el Máximo Tribunal, por faltas gravísimas, y que otro tipo de sanciones ya es potestad del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Por su parte, la ministra Carolina Llanes aclaró que lo que se levantaba era la medida cautelar, ya que la sanción vendría al concluir el sumario, si es que se comprobaban los hechos en la investigación que se ordenó en el caso.

No obstante, aún si se comprueban los hechos, ya no podría ser suspendida nuevamente por la Corte, ya que se cumplieron los 30 días con la medida cautelar.

Similar situación tiene la jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils, quien en la sesión anterior del pleno de la Corte se había levantado la medida cautelar.

La Fiscalía, por su parte, ya tiene abierta una causa con respecto a las irregularidades halladas en la auditoría ordenada por el pleno de la Corte respecto a los juicios ejecutivos.

Más contenido de esta sección
El vocero de los gremios judiciales sostiene que los mentores de modificar la ley de la Caja Fiscal no se imaginaron este escenario. Explica que el cambio del sistema jubilatorio debe ser de forma paulatina.
Las indignidades del encierro de presos considerados “olvidados” facilitan el reclutamiento a grupos criminales, advierte experto en Derechos Humanos. A eso se suma la corrupción de funcionarios de Justicia.
En coincidencia con el sexto aniversario del asesinato del periodista Leo Veras, ocurrido en Pedro Juan Caballero, Amambay, el 12 de febrero del 2020, organizaciones no gubernamentales presentaron una petición contra el Estado Paraguayo por el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando justicia y reparación.
El Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, confirmó la condenas por torturas de 15 años de cárcel para el ex ministro del Interior, Walter Bower; de 12 años para el ex comisario Merardo Palacios Melgarejo; y de 6 años para el policía Osvaldo Javier Vera Espínola. Esto, por los apremios físicos cometidos contra dos policías tras el intento de golpe de Estado del año 2000.
El juez de Garantías, Gustavo Ovelar, elevó a juicio oral el caso por la muerte de María Fernanda Benítez Martínez, en contra de cinco de los procesados. Respecto al adolescente, principal sospechoso, la preliminar se hará el próximo martes.