Ya no resultará muy fácil lograr que un legislador sea echado del Congreso al estar implicado en casos de uso indebido de influencia y otros delitos de corrupción, como ha ocurrido con cinco senadores y un diputado en menos de un año. Tras varias idas y vueltas en torno al tema, finalmente, el miércoles la Cámara de Diputados –en donde varios de sus miembros cuentan con procesos e investigaciones judiciales– sancionó la polémica e inconstitucional ley de reglamentación de pérdida de investidura, lo cual implica un doble autoblindaje para evitar que puedan ser removidos por corrupción. A nivel popular, la propuesta ya es conocida como “ley de autobandidaje”.
Si en la Cámara de Senadores se necesitaban 13 votos para remover a un legislador corrupto, ahora se necesitarán 23 votos, según la nueva ley. Igualmente, si en la Cámara de Diputados se requerían 22 votos para la pérdida de investidura, ahora se necesitará contar con 41 votos.
La nueva normativa es inconstitucional y constituye un claro retroceso para el proceso de saneamiento de las instancias políticas republicanas que viene siendo reclamado por sectores ciudadanos hartos de la corrupción. Gracias a ello, en menos de un año ya suman cinco los legisladores que han sido echados del Poder Legislativo o que se han visto forzados a renunciar al cargo al que habían sido electos, ante las acusaciones de cometer tráfico de influencias y otros delitos, situaciones que fueron reveladas por investigaciones y denuncias periodísticas, lo cual deriva en un proceso de transparencia y moralización sin precedentes en el ámbito político.
De este modo, han sido echados del Congreso el senador colorado Óscar González Daher, el senador del Partido Unace Jorge Oviedo Matto, el diputado colorado José María Ibáñez, el senador colorado Víctor Bogado y el senador liberal Dionisio Amarilla, envueltos en acusaciones por casos de corrupción que se han vuelto emblemáticos.
Desesperados por proteger a sus colegas que siguen en la lista de investigados y procesados, los legisladores vienen insistiendo desde hace años con una ley de autoblindaje, que en una primera versión aprobada fue vetada por el anterior presidente, Horacio Cartes, en marzo del 2018.
Otra versión aprobada también fue vetada por el presidente Mario Abdo Benítez, en setiembre del 2018. Ahora, la nueva versión llegará también al actual presidente, quien nuevamente deberá decidir esta vez entre convalidar o no la inconstitucional medida, favoreciendo la impunidad, o si de nuevo la va a vetar.
La inconstitucionalidad radica en que el artículo 201 de la Carta Magna no establece mayorías calificadas, por lo que el procedimiento hasta ahora se regía por lo dispuesto en el artículo 185 que establece que, en los casos en que la Constitución no indique las mayorías, se debe proceder a decidir con la mayoría simple.
En la Cámara de Diputados están paradas las solicitudes por pérdida de investidura del liberal Carlos Portillo, por tráfico de influencias; del colorado Tomás Rivas, quien usó dinero público para pagar a sus caseros, además de otros ocho legisladores, incluyendo al presidente de la Cámara, Miguel Cuevas. Que puedan salvarse o no, dependerá de que no haya complicidad del Poder Ejecutivo y que se sostenga la movilización de la ciudadanía.
