Al cambio de aquel entonces (dos reales por dólar), da la suma de USD 21.000 millones. Actualmente, el cambio es de 5 reales, por lo que el cambio en dólar representará la suma de USD 8.700 millones.
El caso involucró a 45 corporaciones. Cuatro de ellas son empresas estatales brasileñas, entre las que destaca la petrolera Petrobras y su subsidiaria, la Distribuidora BR. También aparecen la procesadora de gas natural Transpetro y la energética Eletrobras Eletronuclear.
Entre las firmas del sector privado se encuentran Odebrecht, Camargo Correa, UTC Engenharia y Engevix. También aparecen IESA Óleo e Gás, Toyo Setal, Mendes Júnior, Galvão Engenharia, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão, entre otras más.
Estas tres últimas se presentaron para un llamado a licitación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Se trata del llamado a licitación para la ampliación y mejoramiento de la ruta PY01 en el tramo “Cuatro Mojones-Quiindy”. La longitud de las obras es de 108 kilómetros. El llamado está en proceso de evaluación y el valor de las obras se estima que será de USD 480 millones.
PRECALIFICACIÓN. A pesar de los antecedentes de las tres firmas brasileñas, la cartera vial solo descalificó a una, y mantiene en el concurso a las dos restantes. La única firma descalificada es Coesa Construção e Serviços (OAS).
Las otras dos que siguen en carrera son AG (Andrade Gutiérrez) Construções e Serviços. En el 2018, esta constructora brasileña firmó un acuerdo de clemencia con las autoridades en el que se comprometió a devolver a las arcas públicas 1.490 millones de reales (USD 382 millones) por daños y perjuicios.
Esa cantidad deberá ser pagada en un plazo de 16 años en concepto “de daño, enriquecimiento ilícito y multa en el marco de 54 contratos fraudulentos envolviendo recursos públicos federales”, procedentes principalmente de la petrolera estatal Petrobras, según un comunicado del Ministerio de Transparencia y la Abogacía General de la Unión (AGU) en ese momento.
Por su parte, Álya Constructora SA (ex-Queiros-Galvão), fue declarada como “empresa no idónea”, a fines de enero del 2020, por la Contraloría General de Brasil para suscribir contratos públicos con el Gobierno brasileño por su implicación en hechos de corrupción. La firma es una importante constructora con obras en diferentes países de América Latina y África.
La medida fue adoptada debido a que la constructora actuó “en defensa de intereses oscuros y particulares, de forma concertada y engañosa, para frustrar, desviar y defraudar licitaciones de Petrobras en complicidad con otras empresas”, según reza el comunicado publicado en ese entonces.
En mayo del 2022, la empresa pasó a llamarse Álya Constructora SA. El cambio de nombre de la empresa sigue un patrón que se ha repetido entre los grupos involucrados en la operación Lava Jato en los últimos años.
CONTEXTO. El 31 de mayo de 2023, el MOPC inició el proceso de precalificación de los consorcios interesados en quedarse con uno de los lotes del mencionado llamado a licitación.
Se presentaron un total de seis empresas paraguayas, consorciadas, cada una de ellas, con empresas extranjeras. Esto, debido a que los pliegos de bases y condiciones (PBC) exigían experiencia en este tipo de obras, ya que se trataba de ofertar y construir la obra por el sistema de alianza público-privada (APP) y administrar por un periodo de treinta años.
Las obras fueron divididas en cinco tramos y seis consorcios se presentaron a competir.
El 25 de julio, el Ministerio solicitó aclaraciones sobre los primeros documentos entregados a fines de mayo. El 16 de noviembre siguiente, el MOPC vuelve a requerir aclaraciones. Esta vez, sobre los consorciados brasileños y sus accionistas.
El 29 de diciembre, un comité evaluador de la cartera vial comunica que de los seis consorcios que presentaron sus documentos, cinco quedaron calificados.
De los seis consorcios, tres tenían como integrantes a empresas brasileñas ligadas a Lava Jato, considerada hoy como la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil, que incluso había condenado a la cárcel al ex presidente Lula da Silva y luego absuelto en la causa.
Los trabajos costarán USD 480 millones, pero serán costeados por las mismas constructoras como parte de una alianza público-privada (APP).
El Estado pagará por los trabajos mediante los peajes en las tres décadas posteriores a la terminación de las obras.
