A días de cumplirse tres meses de su sanción, la Cámara de Diputados no remite al Poder Ejecutivo la ley que elimina la potestad del Tribunal de Cuentas de recibir la rendición de gastos de las instituciones, evitando de esta manera los controles de la Contraloría.
La normativa nació debido a que un centenar de entes, entre ellos, la misma Fiscalía, la Corte y la Justicia Electoral enviaban sus informes de gastos al Tribunal de Cuentas, donde los controles no son técnicos ni estrictos para saltarse a la Contraloría mediante una acción de inconstitucionalidad y lograban blanquear su ejecución del presupuesto, pero ahora está siendo retenida, en poder del presidente de Diputados, Raúl Latorre, según confirmaron a ÚH fuentes del Legislativo.
El proyecto de ley que modifica el artículo 30 de la Ley 879/1981 del Código de Organización Judicial fue sancionado en setiembre. Fue iniciativa del contralor Camilo Benítez y presentado por los diputados liberales Carlos María López, Jorge Ávalos Mariño y el ex legislador Édgar Acosta.
La decisión política de cajonear el proyecto se debe a que el presidente Santiago Peña no podrá evitar su promulgación y que los ministros de la Corte apuntan a volver a declarar la ley de inconstitucional, según señaló a ÚH una fuente del Palacio de Justicia, que a su vez aseguró que la Corte actúa en complicidad en el blanqueo de corrupción pública.
Desde el oficialismo hay gran interés en que el Tribunal de Cuentas siga manejando las rendiciones de gastos de las instituciones.
Esta semana, César Emilio Diesel Marín, hijo del presidente de la Corte, César Diesel, fue electo en el cargo de juez del Tribunal de Cuentas, pese a su bajo puntaje y a estar afiliado al Partido Colorado, incumpliendo con el artículo 238 del Código de Organización Judicial.
Un funcionario de la Corte comentó a ÚH que hace más de una semana, los ministros convocaron a Camilo Benítez y le pidieron que deje de insistir en los controles.
El pasado 23 de noviembre, Peña lanzó la estrategia nacional de combate a la corrupción, firmado por los tres poderes del Estados y extrapoderes en tanto que esta ley está siendo retenida en el Congreso, por los mismos firmantes.
Según detallaron los proyectistas, las instituciones que eluden las auditorías de la Contraloría son la Fiscalía General, la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, intendencias como Asunción y gobernaciones que envían sus documentaciones al Tribunal de Cuentas, que no tiene especialistas para controlar el gasto ni la cantidad necesaria de funcionarios.
La ley. En esencia la modificación establece que el Tribunal de Cuentas no podrá realizar la evaluación de las cuentas de los Organismos y Entidades del Estado, cuyo análisis administrativo, dispone, estará a cargo de la Contraloría.
El documento tras su tercer trámite constitucional, en su versión Diputados, establece que, sancionada la ley, el Tribunal de Cuentas remitirá a la Contraloría todas las documentaciones que obran en su poder.
En la versión de Senadores se estableció, sin embargo, que los documentos ya remitidos se sustancien en el lugar, y esta fue la aprobada.
En el artículo 2° se dispone que el Tribunal de Cuentas no podrá realizar la evaluación de las cuentas de los organismos y entidades del Estado, cuyo análisis será inicialmente administrativo y estará a cargo de la Contraloría.
Ley y blanqueo
Instituciones. Un centenar de organismos envían sus rendiciones de gastos al Tribunal de Cuentas eludiendo a la Contraloría, entre ellas, la Fiscalía, la Corte, el TSJE, Asunción, gobernaciones e intendencias.
Cambio. El proyecto sancionado establece que ya no se podrá remitir informes al Tribunal, solo a la Contraloría, como dice la Constitución.
Falla. En el caso Metrobús, el Tribunal aprobó la rendición de Jiménez Gaona.
