Durante años, Carlos Granada utilizó su poder en la multinacional Albavisión para acosar a las trabajadoras y aunque es el único procesado, todo apunta a que operaba con cómplices, situación reforzada por el patriarcado que institucionaliza el dominio masculino sobre las mujeres y los recursos. En total, seis víctimas forman parte del proceso que derivó en la acusación por acoso sexual, coacción sexual y coacción, pero hay más afectadas que ya no pudieron sumarse porque las denuncias se admiten hasta los seis meses posteriores al hecho.
El ex gerente tenía el control en toda la multinacional que aglomera a los medios Canal 9, Paravisión, C9N y Sur TV, reduciendo así la oportunidad de las mujeres de ejercer su derecho a trabajar en un espacio seguro. Tras las denuncias y el silencio de la empresa, así como del Estado, hubo movilizaciones de empleadas, sindicatos y articulaciones feministas, y aunque la Fiscalía respondió con una investigación, no se activaron los mecanismos de protección y las testigos fueron objeto de persecución laboral.
Quienes no gozaban de estabilidad laboral directamente fueron despedidas, mientras que el hostigamiento continúa contra trabajadoras con más de 10 de años antigüedad, lo que demuestra que lejos de admitir su responsabilidad y asegurar que los hechos investigados nunca vuelvan a ocurrir, la empresa opera a favor de la impunidad y del estancamiento en cuanto a los derechos laborales de las mujeres.
Carlos Granada es el rostro de la violencia perpetrada en Canal 9, pero no es el único brazo ejecutor. Entre los nefastos personajes se encuentra Marcelo Fleitas, quien demandó a la comunicadora Angie Prieto por “chismes de pasillo”, justo después de las manifestaciones en que los colectivos reclamamos justicia por las víctimas y el cese de la violencia en la empresa.
Claramente es una persecución en represalia al apoyo que dio a sus compañeras y como advertencia a las demás trabajadoras que se iban sumando a las reivindicaciones. Y, sobre todo, es una muestra de poder de la empresa para violar derechos laborales ante la desidia estatal, ya que esta demanda es un atropello a la estabilidad laboral, un derecho que la empresa quiere evadir mediante el uso abusivo del sistema judicial y un incompetente Ministerio de Trabajo.
En medio de la investigación penal y las movilizaciones, la institución dejó a la deriva a las trabajadoras que aún corrían riesgo en Albavisión, que impunemente siguió despidiendo sin justificación a sus empleadas.
Hoy el Juzgado debe decidir si admite el pedido de juicio oral de la Fiscalía ante las pruebas que demuestran la responsabilidad de Carlos Granada en los hechos denunciados. En este proceso, las fiscalas presentarán los argumentos en su contra en un juicio histórico sobre violencia sexual, donde el sistema judicial estará en la mira incluso a nivel internacional, teniendo en cuenta que el caso aparece, por ejemplo, en el informe sobre Prácticas de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en un contexto en que Paraguay busca vender una buena imagen.
Por su parte, Angie enfrenta el martes 26 el juicio por supuesta injuria, acción que usó la empresa para suspender su contrato laboral y dejarla sin trabajo, a pesar de tener una antigüedad de más de una década.
El sistema judicial estará a prueba en este caso emblemático que reúne varios tipos de violencia hacia la mujer, incluyendo las persecuciones a las víctimas y manifestantes, mientras que el Ministerio de Trabajo todavía tiene la oportunidad de hacer cumplir de una vez la obligación de las empresas de contar con un protocolo contra la violencia.
