Opinión

Las concurridas calles de Concepción

Alfredo Boccia Paz galiboc@tigo.com.py

Hace unas noches Concepción nos mostró una escena curiosa. En plena pandemia, unas 2.000 personas eufóricas recorrían las calles festejando la libertad del comunicador Édgar Chilavert, quien se encontraba preso desde octubre de 2018, imputado por haber abusado sexualmente de un niño de 12 años.

Siendo esta una acusación gravísima e imperdonable, lo primero que uno piensa es que el hombre debe ser realmente inocente, de lo contrario no lo estarían vitoreando. Y lo segundo es que tanta gente no puede estar equivocada

Chilavert siempre sostuvo que era víctima de una persecución por parte del intendente Alejandro Urbieta, a quien denunciaba con vehemencia en su programa radial de Radio Aquidabán por varios casos de corrupción. Decía que había vendido a precio vil el terreno en el que se proyectaba construir el puerto granelero de la ciudad. Es un inmueble de seis hectáreas que, en 2012, había sido donado por el Ministerio de Defensa Nacional. El acuerdo establecía taxativamente que el terreno no podía ser vendido y que quedaba a perpetuidad bajo dominio municipal para dicho fin. Sin embargo, en 2017 y en vertiginosa connivencia con su Junta Municipal, Urbieta lo vendió por 700.000 dólares. Pocos creen que esa haya sido la suma realmente desembolsada por una propiedad que, aseguran, vale diez veces más.

Chilavert fue querellado por los padres del menor y poco después la Fiscalía solicitó 18 años de cárcel. La jueza Hilda Bernal lo envió al penal de Emboscada a 500 kilómetros, pese que en Concepción hay una penitenciaría regional. Y de allí, nunca más salió, pese a los pedidos de la defensa y a las incongruencias del proceso. Mientras, en el norte, Urbieta soportaba la más larga racha de protestas cotidianas que político alguno haya conocido en el Paraguay.

Todo cambió unos meses más tarde cuando el propio niño, su hermana y sus padres retiraron la querella y reconocieron que habían mentido a cambio de dinero ofrecido por el intendente. Y entonces todos empezaron a mirar con atención lo que unos pocos periodistas venían publicando. El juicio era insostenible. Los fiscales Carina Sánchez y Eduardo Roig iniciaron la investigación basándose en la fotocopia simple de un supuesto intercambio de mensajes. El dictamen forense no encontró evidencias de abuso y la pericia informática descartó comunicación entre la supuesta víctima y el acusado. Hubo pruebas montadas e informes periciales ocultados. En el juicio oral quedó claro que el supuesto delito investigado no se cometió. La acusación fiscal se derrumbó patéticamente. Hasta los testigos presentados por la fiscala Sánchez declararon a favor de Chilavert. El destino de este escándalo solo puede ser el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Por eso cuando el Tribunal de Sentencia lo absolvió por unanimidad, los concepcioneros festejaron. La estructura judicial había sido usada para una venganza política. Aunque nadie devolverá a Chilavert el año y medio que pasó en prisión, ha recuperado su libertad. Falta ahora que Concepción recupere su puerto. Y que la Justicia recupere su dignidad, enviando a los verdaderos culpables a la cárcel.

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