El informe final del interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, detalla que del análisis integral realizado sobre la ejecución de los recursos provenientes de la emisión del Bono G8 por parte de la Municipalidad de Asunción durante el ejercicio fiscal 2022 y 2023, se desprende que dichos fondos no fueron aplicados conforme al destino específico para que lo que fueron obtenidos, es decir, la inversión en infraestructura pública.
Menciona que, lejos de responder al objetivo planteado en el marco de la colocación del título de deuda, los recursos fueron dirigidos en su mayoría hacia el financiamiento de erogaciones de Gastos Corrientes, tales como el pago de servicios personales, amortización de préstamos adquiridos por déficit temporal de caja, contratación de servicios no personales y adquisición de bienes de consumo e insumos.
Unos G. 36.275.848.960 (treinta y seis mil doscientos setenta y cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta), equivalentes al 7,08%, fueron destinados a Inversión Física, correspondientes a otras obras públicas que no se encuentran vinculadas con la emisión de los Bonos G8.
Lo demás fue un descalabro financiero, se alega. Nenecho utilizó los fondos de los bonos para gastos personales, constituyendo un 92% de esos fondos. Salarios, dietas, bonificaciones, gratificaciones y aguinaldos fueron su destino.
En tanto que en servicios básicos, como alquileres, limpieza y mantenimiento, se destinaron un 24% y en alimentos un 4,8%, que serían bienes de consumo.
“Usar dinero público que se destinó y autorizó para la construcción de infraestructura pública, en otros gastos no relacionados y alejados completamente del objetivo y de la autorización expresa recibida, hace responsables de tal infidelidad e ilegalidad a los administradores públicos que la realizaron, consintieron o no impidieron”, remarca el documento, en alusión a los administradores de Nenecho, entre los que se incluyen el jefe de Gabinete, Nelson Mora, y la mayoría colorada de los concejales que aprobaron las rendiciones del ex intendente a lo largo de su gestión
“Concluimos que las situaciones informadas precedentemente exponen a la institución a altos y significativos riesgos, despilfarros que afectan el manejo de los recursos públicos, pérdidas económicas y financieras, ineficiencia en los procesos, incumplimientos normativos, administración deficiente y hechos de corrupción; además de limitar la trazabilidad de la ejecución del gasto”, señala el informe de Pereira.
“En el análisis no se pudo constatar mayormente que los gastos incurridos y financiados con bonos G8 fueron claramente destinados a fines institucionales, situación que además dificulta la implementación de auditorías internas o externas de manera efectiva”, concluye.
243.000 millones de G. fueron utilizados para pagar salarios, bonificaciones y aguinaldos de funcionarios. Un 92%.
36.000 millones de G. se destinaron a obras de infraestructura solo un 7%, a pesar que bonos se emitieron para eso.
Conclusión sostiene que desaciertos llevaron a progresivo descalce financiero capitalino
La conclusión del informe de intervención a Nenecho Rodríguez refiere que la Municipalidad de Asunción, “como consecuencia de desaciertos reiterados en materia de estrategia y política administrativa interna”, se apartó progresivamente de los estándares de gobernanza y administración prudente “incurriendo en un descalce financiero”.
Además, remarca que “surge con claridad que la aplicación de la Ordenanza Nº 175/2018 de la Junta Municipal de Asunción fue un factor determinante en la crisis administrativa y financiera de la institución”.
Refiere que “el método fue el de la disipación de los recursos públicos, mediante el sofisma de una cuenta única municipal ilegal que construyó a una densa red de cuentas desarticuladas, que disiparon los fondos públicos ante el nulo control, so pretexto de una excedida muletilla de mentada autonomía municipal, sin trazabilidad e intangibilidad del método empleado”.
Sostiene que el “error principal de la gestión intervenida se ha dado esencialmente por la aplicación de recursos del crédito público contraviniendo el art. 197 de la Ley Orgánica Municipal, habiéndose aplicado a fines y objetos de gasto distintos a aquellos para lo cual los recursos del endeudamiento público (Bonos) fueron obtenidos”.
Además, alega que la intervención procedió a verificar la documentación sobre los seis puntos señalados por la Contraloría General de la República (CGR).
En ese contexto, indica que hubo coincidencia con las conclusiones, “sin perjuicio de realizar precisiones adicionales de relevancia jurídica y administrativa”.
Agrega que el “fenómeno se explica por el incremento sostenido de la brecha entre las recaudaciones municipales y las obligaciones asumidas, agravado por la disminución en la productividad y eficiencia de sus dependencias”.
También, que el diagnóstico institucional “evidenció un estado de funcionamiento cercano a la anomia”.
“Si bien la norma pudo haber tenido fines legítimos, su implementación generó efectos nefastos y contrarios al interés público”, sostiene.
Mezcla indiscriminada de recursos. Hace referencia a la “mezcla indiscriminada de recursos de diverso origen, naturaleza y destino, sin salvaguardas jurídicas ni observancia del marco constitucional y legal vigente”.
Se indica que esta situación ocasionó el uso irregular de fondos que debían ser aplicados a fines específicos establecidos por ley, ordenanzas, resoluciones y contratos.
Se vuelve a insistir en la coincidencia con los puntos verificados con la Contraloría, pero que “se debe ponerse especial énfasis en que el error principal de la gestión intervenida se ha dado esencialmente por la aplicación de recursos del crédito público”, en alusión a los bonos.
“Dicha utilización de los Bonos para usos diferentes a los autorizados específicamente, es decir para otros fines ajenos a las obras de infraestructura que ellos debieron financiar, sin dudas constituye grave y execrable violación de la normativa aplicable, tanto desde la máxima normativa”, sentencia el informe.
Nenecho admitió. En su última conferencia de prensa, en la que renunció, Nenecho admitió haber utilizado el dinero de los bonos para pagar salarios e inclusive afirmó que lo volvería a hacer. Siempre defendiendo su uso por medio del reglamento firmado antedata, el ex intendente ha respondido una y otra vez que el uso que hizo del dinero siempre estuvo regido por normas legales.
El informe, de hecho, se refiere a la Resolución 2424/2019 que indica que tanto la ordenanza de la Cuenta Única (175/2018) como la mencionada resolución, aunque derivan de una iniciativa de autonomía local, “carecen de respaldo en una norma nacional que habilite la creación de una CUT a nivel municipal y mucho menos habilitar el uso discrecional de los recursos provenientes de la emisión de bonos”.
Director de DGCP cobró USD 1 millón del Municipio
El informe final de la intervención a la Municipalidad de Asunción reveló que Agustín Encina Pérez, actual titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DGCP), cobró la suma de G. 8.655.000.000 de la Comuna capitalina.
Este monto fue facturado por Encina Pérez en concepto de honorarios jurídicos, vinculados a un caso de lesión de crédito La factura fue analizada por el interventor Carlos Pereira y desnuda el manejo discrecional en la Municipalidad de Asunción bajo la administración de Nenecho Rodríguez.
El informe acusa que las prácticas ilegales de Nenecho y sus administradores tienen “efectos políticos y sociales profundos que requieren firmeza en la corrección de todo lo que ha llevado a la grave situación que se constata en este informe y que no puede ser tolerada, sino decididamente debe ser corregida en lo sucesivo”.
Encina ya se desempeñó como viceministro de Transporte durante el Gobierno de Horacio Cartes y como ex asesor legal del Viceministerio de Comercio. En su declaración jurada no incluyó el monto cobrado al Municipio.
Detectan sospechosas facturas duplicadas
La intervención a la Municipalidad de Asunción detectó graves irregularidades en el uso de los fondos fijos del ejercicio fiscal 2022 y de los meses de febrero y marzo de 2025, pagados con recursos provenientes de bonos municipales, es decir, se usaron estos fondos para gastos comunes y corrientes. El informe revela facturas duplicadas, gastos poco razonables y proveedores que no existen en sus domicilios fiscales.
Uno de los casos analizados corresponde al SIT 1387/2022, donde se cargó al comedor obrero una factura de 873.000 guaraníes por “lomitos”, emitida por la empresa Mas Carne SA (RUC 80013924-0). El documento fue considerado como un gasto sin razonabilidad en la utilización de recursos públicos.
También se detectaron facturas correlativas y por el mismo concepto, emitidas por la firma unipersonal “Todo para la Oficina”, de Marcos Goldemberg (RUC 281347-5). Los comprobantes Nº 001-001-0045139 y 001-001-0045140, ambos del 04/10/2022, registraban la compra de “cartones” por G. 1.898.000 cada una. Al verificar el domicilio declarado, el local se encontraba cerrado y sin atención al público.
Otro caso llamativo fue el de Publicitaria M&M (RUC 3788672-0) y Ferretería Dieguito (RUC 3812965-5), que consignaban la misma dirección en Madrinas de la Guerra del Chaco N° 2736 casi Félix Bogado. En el lugar no se encontró ningún local comercial, según constatación in situ del equipo interventor.
Además, el RUC de Publicitaria M&M se encuentra actualmente bloqueado por la SET.
Se toma el caso de facturas de Ferretería Fox (RUC 6145524-0), donde se apunta como irregularidad facturas que tienen unos 5 días de diferencia. Además, tienen de numeración 20 facturas de diferencia, en un rubro minorista que debería representar más movimiento.
febrero a marzo de 2025 Ferretería Carli y Imprelib (comercio al por menor de libros) declaraban la misma dirección en Capitán Baldomero Ruiz N° 3287, pero al verificar en el lugar no se encontró la numeración exacta. La línea telefónica citada en la factura tampoco correspondía al comercio.
Autoservicio José Adrián, de Miguel Ríos, figuraba en Itá Ybaté N° 9999 y 21 Proyectada. Se recorrió toda la avenida, desde Félix Bogado hasta Montevideo, y no se encontró ni el comercio ni la numeración declarada. A.C. Comercial (Antequera y Cerro Corá) y Casa Pettirossi, consignados en facturas, no existen en los lugares señalados ni coinciden las numeraciones. Comercial Santa Eduwigges, declarada en EEUU y Simón Bolívar, tampoco fue ubicada en el domicilio indicado.
La revisión concluye que el uso del Fondo Fijo se apartó de su finalidad legal, al incluir compras en grandes cantidades de bienes inventariables (como tóner, pintura y materiales de oficina), pagos repetidos de un mismo servicio en el mismo día a distintos proveedores y gastos que deberían realizarse mediante procesos de contratación pública, como licitaciones o concursos de ofertas. El informe resalta que varias rendiciones carecen de justificación sobre la necesidad de los bienes adquiridos, que se detectaron compras duplicadas y pagos sin control, y que persisten facturas de proveedores inexistentes o con RUC bloqueados, lo que compromete la validez del gasto.
La intervención recomienda auditoría integral, suspensión de reposiciones cuando se detecten irregularidades tal como lo establece el Manual de Procedimiento de Fondo Fijo y la aplicación de medidas correctivas para resguardar los recursos municipales.
Diputado relaciona deuda de Comuna con campaña política
El diputado Raúl Benítez expresó su preocupación por lo que se desprende del informe de intervención de la gestión del ex intendente, Óscar Nenecho Rodríguez, dado a conocer ayer por el Ministerio del Interior. Relacionó que el Municipio se endeudó en perjuicio de los contribuyentes que pagarán a “cuotas” la banca de la senadora, Lizarella Valiente, dejando entrever que los fondos públicos se utilizaron en su campaña.
Además, señaló que casi todo el dinero que debió ser para obras fue a parar a mantener a los operadores.
En su análisis sobre lo que detectó la intervención, Benítez resalta el hecho de que el dinero pudo bien haber financiado la campaña de la senadora Lizarella Valiente.
Alegó que antes de las internas de diciembre de 2022 se realizaron millonarias transferencias de los bonos, primero 112 mil millones y luego 180 mil millones a días de las elecciones
Además refirió que el 92% de los recursos que utilizó Nenecho, en violación a las normas y la Ley Orgánica Municipal, fueron a parar a pagos de salarios a operadores, dejando de lado los servicios y obras de infraestructura.
Querella. En redes, Lizarella reacionó desafiando a Benítez a que denuncie formalmente o “se expone a una querella”.
Posteriormente, Óscar Tuma, en X, alegó ser representante legal de Lizarella, negó la acusación y anunció que hoy estarían enviando un escribano al diputado.
