De los 782 funcionarios con que cuenta la Municipalidad de Lambaré, a una gran mayoría se le adeuda el pago de salarios pendientes desde el mes de agosto de 2019. La regularización de estos pagos depende de una recaudación de G. 1.500 millones.
El interventor, Amancio Rivas Fretes, indicó que este monto es necesario para cumplir con todos los funcionarios afectados y evitar los pagos por partes a ciertos grupos. En este caso, los que faltan percibir son los funcionarios y concejales municipales.
Este martes se ultimaron los detalles para regularizar el pago de aguinaldos a un grupo de funcionarios. Para ello, se desembolsaron G. 870 millones en beneficio de 350 funcionarios, explicó Rivas.
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Según el interventor, el grupo restante pudo percibir su aguinaldo el pasado mes de diciembre debido a que son cercanos al intendente intervenido, Armando Gómez, quien se encuentra separado del cargo desde el 26 de diciembre de 2019.
Gómez enfrenta denuncias por supuestas irregularidades en su administración. Desde el mes de agosto se inició una serie de manifestaciones en su contra que derivaron en incidentes entre funcionarios y, posteriormente, en la intervención de su gestión.
El Ministerio Público intervino en el caso tras una denuncia realizada por concejales municipales de la ciudad, por una supuesta compra irregular de plásticos para registros de conducir.
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El intendente liberal fue detenido y luego puesto en libertad, está imputado por lesión de confianza y estafa. La investigación está a cargo de la fiscala Laura Romero, de la Unidad Penal 3 de la Fiscalía Zonal de Lambaré, y de Gladys González.
