En este 2023 la marcha campesina va a reivindicar políticas de Estado de apoyo a las problemáticas del campesinado: la falta de educación, salud y presupuesto para los servicios sociales. Al mismo tiempo, pondrán el acento en la necesidad de una política de recuperación de la soberanía, en especial por las hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretá, de modo que los beneficios de las mismas sean utilizados para invertir en el desarrollo nacional y, principalmente, en el desarrollo productivo.
La primera marcha campesina se había realizado el 15 de marzo de 1994, durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy. Uno de los momentos más significativos en estas casi tres décadas ocurrió en el año 1999, durante lo que conocemos como el Marzo Paraguayo, cuando los campesinos, que justamente se encontraban acampando en la plaza, fueron objeto de la violencia que se desató, e incluso fue muerto uno de ellos, el campesino Cristóbal Espínola.
No podemos dejar de mencionar que el movimiento campesino constituye una de las organizaciones que pusieron su parte en la resistencia a la dictadura de Alfredo Stroessner, y que, pese a esos aportes, en democracia sus reclamos han seguido siendo ignorados.
En la marcha del año pasado fueron denunciados los desalojos a campesinos e indígenas; el abandono de la producción campesina por parte del Estado, muy castigada por el cambio climático, y sin seguro agrícola. Así también, reclamaron que en el interior del país la salud sigue en terapia intensiva, sin medicamentos en los hospitales; las subas de combustibles, los precios de la canasta familiar aumentan, y la falta de empleos y futuro para la juventud. No faltó tampoco la preocupación por la agresión al medioambiente con la deforestación, el monocultivo, el uso masivo de agrotóxicos, la canalización de humedales y ríos, cuyas consecuencias traen el calor extremo y las sequías.
Los 29 años de marcha campesina señalan asimismo que continúa en el Paraguay una triste realidad de marginación de los pequeños productores, que todavía persisten en mantener la agricultura más tradicional.
El olvido y la indiferencia de los gobiernos son lamentables, pues los agricultores con su trabajo constituyen una base fundamental de la producción alimentaria y la economía de subsistencia en el país. Es por eso que se mantiene como una materia pendiente para el Estado paraguayo asegurar la propiedad de la tierra para las comunidades campesinas, para que puedan seguir desarrollando su modelo de producción y, al mismo tiempo puedan incorporar nuevas tecnologías, respetando sus valores culturales.
El gran desafío seguirá siendo que ellos también puedan participar del desarrollo del país y ya no estén excluidos. Después de casi tres décadas, la gran marcha campesina requiere respuestas de parte de la clase política. Somos un país con altos niveles de desigualdad y pobreza; es hora, por lo tanto, de que se reconozca el gran aporte de este sector a la vida del país, contribuyendo con su labor con alimentos que son la base de la economía de subsistencia.
