En los últimos años he escrito varios artículos remarcando la necesidad de reformar el sistema de Salud de nuestro país. Encaré las propuestas desde distintos ángulos como: facilitar el acceso a la población menos favorecida, reducir el gasto de bolsillo, incorporar la cobertura de enfermedades catastróficas, mejorar la eficiencia, etc. Tal vez algún parlamentario o funcionario de salud haya leído alguno de ellos, pero evidentemente no era prioridad o no llegaron a percibir que esta es una bomba de tiempo social.
La aparición del Covid-19 está cambiando la historia. La ciudadanía paraguaya está comprendiendo que si la salud está en riesgo, el resto carece de importancia y, que en situaciones de pandemia, no es posible ir a Formosa o San Pablo para un tratamiento, solo está disponible lo que tenemos en nuestro país, que es absolutamente precario, insuficiente, caro y de mala calidad. La enfermedad menos peligrosa puede ser una calamidad para una familia, porque la salud pública no provee los insumos o medicamentos en tiempo y forma. Esta semana el Gobierno y el Congreso aprobaron de urgencia un programa de transferencias para cubrir medicamentos para tratamientos del Covid, por la presión ciudadana generada a partir de ver cómo familias paraguayas humildes quedaban con deudas astronómicas y vendían sus pertenencias para cubrir costos que deberían ser cubiertos por el Estado. En adelante, el acceso a un servicio de salud decente de manera universal debería ser la máxima prioridad de la política pública, para que el Estado responda mínimamente a las razones de su existencia.
Sin embargo, ampliar la cobertura, facilitar el acceso y mejorar la calidad de los servicios requieren un enfoque diferente. Actualmente hay una superposición entre entidades públicas y de estas con entidades privadas en la prestación de servicios, que resulta en un elevado gasto total en salud (público más privado y de bolsillo), a pesar de la mala calidad. El IPS tiene una red de prestación para sus asegurados y el Ministerio de Salud tiene otra red paralela de acceso gratuito y universal. El gasto conjunto de ambos representó el 3,1% del PIB en el 2018. Adicionalmente, muchas empresas privadas e instituciones públicas proveen seguros médicos privados de limitadas coberturas como beneficio a sus trabajadores, debido a la baja calidad de los servicios públicos.
La reforma del sistema debe corregir estas deficiencias. Requiere escindir y separar el área médica del IPS, unificar su red de prestación de servicios con la del Ministerio de Salud y consolidarla en una entidad pública autónoma con una carta orgánica que especifique claramente los servicios garantizados a la ciudadanía. Esta entidad absorbería los hospitales, centros de salud, unidades de salud familiar y personal que actualmente poseen el IPS y el Ministerio de Salud en todo el territorio nacional.
En términos de acceso y financiamiento hay dos opciones. Una consiste en la prestación de un servicio de salud gratuito de acceso universal, financiado mediante un ajuste en las tasas del IVA y el IRP combinado con una reducción de la tasa de aporte obrero-patronal al IPS que sea neutral en términos monetarios y la transferencia del 50% de la recaudación mensual de ambos impuestos al Fondo Nacional de Salud, de donde serían cubiertos los costos operacionales y de inversión de la entidad pública autónoma (salarios, insumos, medicamentos, mantenimiento, servicios, construcciones, equipos, etc.).
La otra consiste en que la entidad pública autónoma preste el servicio en un régimen de seguro obligatorio universal, financiado bajo el régimen actual de aportes del IPS para los empleados públicos y privados dependientes y la contratación obligatoria de un seguro médico de cobertura equivalente para trabajadores y profesionales independientes, empresarios, etc. En este caso, el Estado deberá subsidiar el acceso a este seguro a las personas en situación de pobreza para asegurar la cobertura al 100% de la población.
Estas son solo propuestas, seguro hay mejores. Lo importante es analizar todas las opciones, seleccionar la mejor e implementarla lo antes posible. Esta situación no puede continuar así, la ciudadanía merece un servicio decente y sentir su salud protegida.
