19 oct. 2025

La Sala Penal destraba el caso bombas molotov

La Sala Penal rechazó su propia recusación y la que se presentó contra los camaristas, y así destrabó el caso de las bombas molotov, una derivación de los hechos ocurridos el 31 de marzo de 2017, durante las manifestaciones contra la enmienda pro reelección del entonces presidente Horacio Cartes.

La abogada Marlene Orué, defensora del acusado Brian Martínez, recusó a los camaristas Gustavo Ocampos, Andrea Vera y José Agustín Fernández, que debían a su vez estudiar la recusación contra los jueces Inés Galarza, Olga Ruiz y Fabián Weinsensee.

Sin embargo, al llegar a la Corte también recusaron a los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, con lo que el caso estaba trabado en la Sala Penal.

Ahora, los ministros señalaron que en la recusación, la abogada no acompañó prueba, por lo que rechazaron in límine la recusación en su contra. Después, estudiaron la recusación contra los camaristas y también la rechazaron.

La defensa había argumentado que era una causa política, y que perdieron la confianza a los recusados.

Ahora, los camaristas deben estudiar la recusación contra los miembros del Tribunal de Sentencia que deben llevar adelante el juicio oral contra Stiben Patrón, Luis Osvaldo Sánchez González, Brian Martínez y Rubén Galeano, procesados por la violación a la ley de armas. El caso data del 2017, del gobierno de Horacio Cartes.

Más contenido de esta sección
En charla con la fiscala Sonia Sanguinés, ella sostiene que la protección de los derechos avanzó, pero lento. Uno de los juicios lleva 25 años y otro de la época de la dictadura recién está por empezar.
Por segunda vez se postergó el juicio oral contra tres ex policías estronistas acusados de torturas. El abogado de uno de los procesados renunció, con lo que el Tribunal de Sentencia intimó por 72 horas al acusado para que presente otro, caso contrario, le van a asignar un defensor público.
El Tribunal de Apelación Especializado ratificó que el ex senador argentino, Edgardo Kueider y su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa, deben ir a juicio oral por supuesto contrabando. Ambos quisieron introducir al país la suma de USD 211.102; 3.900.000 pesos y G. 640.000, sin que hayan declarado el dinero en su ingreso por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
La Fiscalía pidió que se archive la denuncia contra el médico Miguel Ángel Farina del Río, a quien le sindican de haber cometido una negligencia médica tras dos operaciones de una hernia simple. La familia pide justicia y que la investigación no pare. El Juzgado remitió de nuevo al Ministerio Público para decida si ratifica el pedido de desestimación.