03 sept. 2025

La reelección de Daniel Ortega carece de legitimidad para la Unión Europea

La Unión Europea (UE) considera que la reelección de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, con el 74,99% de los votos, carece de “legitimidad” al celebrarse los comicios generales de este domingo “sin garantías democráticas” y completan la conversión del país en un “régimen autocrático”.

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El presidente reelecto de Nicaragua, Daniel Ortega.

Foto: lostiempos.com.

En una declaración por escrito en nombre de los Veintisiete, el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, hizo un llamamiento a Daniel Ortega para que libere de forma “inmediata e incondicional” a todos los presos políticos y anule los procedimientos judiciales en su contra, “devuelva la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense”, y no descartó adoptar restricciones que “puedan ir más allá" de las individuales.

Pese a que la UE “ha evitado cuidadosamente cualquier medida que pudiera potencialmente agravar las penurias del pueblo nicaragüense y se ha dirigido sistemáticamente solo a los responsables de los desarrollos antidemocráticos”, considera en este momento “todos los instrumentos” a su “disposición para tomar medidas adicionales, incluidas aquellas que puedan ir más allá de las restricciones individuales”, precisó.

El ex guerrillero sandinista, que el jueves cumple 76 años y está en el poder desde 2007, buscaba su quinto mandato presidencial de cinco años y cuarto consecutivo, entre cuestionamientos a su legitimidad por la detención de siete aspirantes presidenciales de la oposición que se perfilaban como sus principales contendientes y por la eliminación de tres partidos políticos.

La integridad del proceso electoral fue “aplastada” por “el encarcelamiento sistemático, el hostigamiento y la intimidación de precandidatos presidenciales, líderes de oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de derechos humanos y representantes empresariales”, denunció Borrell.

Lea más: Nicaragüenses protestan en varios países contra Ortega

Para los Veintisiete, el Gobierno de Nicaragua no solo ha privado al pueblo de Nicaragua del derecho civil y político al voto en unas elecciones “creíbles, inclusivas, justas y transparentes”, sino que también ha incumplido sus propios compromisos en materia de derechos humanos y libertades fundamentales en virtud de la Constitución de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y pactos internacionales de los que el país es parte.

Además, añadió Borrell en su declaración en nombre de la UE, el pueblo nicaragüense ha sido privado de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

Las voces disidentes son “silenciadas”, decenas de organizaciones de la sociedad civil han sido “ilegalizadas” y la represión estatal es “implacable”, remarcó.

El jefe de la diplomacia europea recordó que, tras las protestas sociales que estallaron en la primavera de 2018, el Gobierno de Nicaragua desató “la violencia contra su propio pueblo, dejando a su paso muerte, desaparición forzada, encarcelamiento, maltrato y exilio masivo y convirtiendo al país en una república del miedo”.

“Las elecciones del 7 de noviembre completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático”, afirmó Borrell, en nombre de los 27.

Destacó también que la UE ha pedido constantemente que se respeten los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho, y aseguró que “seguirá haciéndolo”.

Asimismo, Borrell reafirmó el compromiso de la Unión Europea de seguir apoyando el desarrollo económico y social de los sectores más vulnerables de la sociedad nicaragüense.

“Las autoridades nicaragüenses deben poner fin a la represión y restablecer el pleno respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles y políticos”, insistió el ex ministro español.

Y, por último, reclamó que se autorice a “regresar” a Nicaragua a los organismos internacionales de derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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