En aquella columna intentaba mostrar el drama de quien confunde la cercanía con los poderosos con la posesión efectiva del poder. Curiosamente, el propio Honor Colorado parece ofrecer hoy una nueva variación del mismo problema.
A primera vista, lo que observamos es una típica pelea por candidaturas o la clásica lucha por espacios dentro de un movimiento hegemónico, pero esa es solo la disputa visible. Recordemos que algo menos espectacular y probablemente más significativo había comenzado a ocurrir. Senadores de Honor Colorado impulsaron pedidos de informes al Banco Central del Paraguay acerca de las operaciones de Ueno Bank, como evidencia de una creciente diferenciación entre el entorno presidencial y el núcleo tradicional del cartismo a partir de disputas económicas.
Ueno no es un banco cualquiera dentro de esta historia. El propio Santiago Peña confirmó públicamente que fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025. Al mismo tiempo, la entidad experimentó una fuerte expansión en la captación de recursos públicos y fondos del Instituto de Previsión Social. Según informaciones públicas, actualmente se discute en el Senado la concentración de unos G. 5,1 billones de recursos públicos y del IPS en la entidad, y es aquí donde la disputa comienza a adquirir otro espesor.
Porque el dinero en la proximidad del Estado es capacidad de inversión, financiamiento, contratación, expansión empresarial y, eventualmente, de construcción de autonomía. La verdadera disputa consiste justamente en preguntarse dónde se está acumulando hoy la capacidad real de poder y, en ese sentido, el filósofo político francés Jacques Rancière ofrece una distinción útil para abordar esa cuestión.
No todo lo que ocurre alrededor del poder es, para Rancière, política en sentido estricto. Llama “policía” al orden que distribuye lugares, funciones, competencias y capacidades; al entramado que establece quién gobierna, quién administra, quién habla con autoridad y quién permanece del otro lado de la decisión. La “política” comienza cuando ese reparto es interrumpido por quienes no tenían parte reconocida y reclaman intervenir en la definición de lo común.
Vista desde allí, la tensión que atraviesa hoy al Partido Colorado puede ser intensa, incluso decisiva para la sucesión, sin constituir todavía una disputa política en sentido estricto. Cartes, Peña, Alliana y los distintos grupos que acumulan autonomía no parecen discutir otra manera de organizar lo común. Discuten simplemente quién tendrá los recursos necesarios para administrar el orden existente.
Pero esta constatación no vuelve irrelevante el conflicto. Al contrario, permite comprender mejor su importancia, ya que no están en juego solamente candidaturas, sino los instrumentos materiales de la conducción: bancos, fondos públicos, gobernaciones, intendencias, contratos, empresas, medios, operadores y estructuras territoriales capaces de transformar recursos económicos en influencia política y el poder estatal en capacidad económica nuevamente.
Estado oligárquico
En esta línea, Rancière sostiene que nuestras democracias realmente existentes son Estados oligárquicos de derecho porque la soberanía popular convive con una fuerte concentración de la capacidad efectiva de decidir. Las instituciones reconocen al pueblo como fuente formal de legitimidad, mientras la gestión cotidiana de lo común queda en manos de minorías políticas, económicas y administrativas que se consideran especialmente habilitadas para gobernar.
Por eso la disputa actual dentro del coloradismo resulta más interesante de lo que aparenta. Durante años, el cartismo produjo una estructura absolutamente vertical. Su eficacia no consistía únicamente en que Cartes fuera reconocido como líder, sino en que prácticamente todas las trayectorias relevantes dentro del movimiento terminaban dependiendo de esa centralidad.
Pero cuando actores nacidos, fortalecidos o legitimados dentro de una estructura comienzan a considerar que poseen suficiente capital propio como para negociar con ella o incluso para destruirla, empiezan a aparecer los fantasmas. Aquello que durante años parecía una estructura monolítica descubre que en su interior habían ido creciendo pequeños monstruos, centros de poder que ya no necesitan pedir autorización para cada movimiento; al contrario, cuentan con suficiente autonomía para decretar su caducidad y el advenimiento de una nueva era, incluso más voraz que la anterior.
La cuestión electoral vuelve todavía más compleja esta disputa y quizá hasta la precipitó. Con las dos ciudades más importantes del país gobernadas por la oposición y las mediciones políticas que muestran a Miguel Prieto bien posicionado ante la posibilidad de una candidatura común para el 2028, el oficialismo discute también qué estructura será capaz de conservar cohesión, recursos y capacidad territorial cuando llegue el momento de competir.
Ruptura clientelar
El clientelismo paraguayo ha sido extensamente estudiado como una relación política sostenida por estructuras territoriales, operadores, vínculos comunitarios y la satisfacción particularista de necesidades.
Leído desde Rancière, el clientelismo contiene además una paradoja democrática. La democracia parte de que nadie posee un título natural para gobernar a otro; la relación clientelar, en cambio, reconstruye una jerarquía práctica entre quien dispone de recursos y quien necesita acceder a ellos. La desigualdad material se convierte, a su vez, en desigualdad política porque la propia organización del poder transforma derechos universales en favores particulares y recursos públicos en vínculos de dependencia.
El pueblo aparece como electorado, como base movilizable, como estructura territorial, incluso como cifra en las encuestas, pero nunca como sujeto que interviene efectivamente en la definición de qué hacer con lo común. Es que el pueblo electoral y el pueblo político no son la misma cosa. Un electorado puede ser perfectamente contado por el sistema, convocado cada cierto tiempo y distribuido entre candidaturas. El pueblo político, en el sentido fuerte, aparece cuando quienes eran considerados solamente como votantes, beneficiarios, clientes o destinatarios irrumpen para discutir quién decide, cómo se usan los recursos y a quién pertenece aquello que llamamos Estado.
El ideal oligárquico no necesita abolir las elecciones para gobernar sin el pueblo. Puede conservarlas, administrarlas y hasta celebrarlas, siempre que la intervención popular quede limitada al momento electoral y no alcance la definición cotidiana de las decisiones, de los recursos y de las prioridades públicas.
Por eso la disputa dentro del Partido Colorado es expresión fehaciente de una disputa dentro de la oligarquía. Una lucha por quién controla la maquinaria, no por transformar la maquinaria. Una discusión sobre quién administrará el reparto, más que sobre el reparto mismo.
Hemos visto demasiadas veces cómo cambia quien administra el poder sin que cambie la lógica con la que ese poder se administra. Puede dividirse la oligarquía sin que el orden oligárquico deje de existir.
Por eso la cuestión decisiva —más allá de saber si el “peñismo” logrará independizarse del “cartismo” a través de la acumulación de recursos— es si alguna vez esa disputa dejará de ser solamente entre quienes quieren administrar el Estado y alcanzará también a quienes, durante demasiado tiempo, han sido administrados por él.
Porque la política, en sentido fuerte, comienza justamente cuando empezamos a discutir quiénes tienen derecho a administrar el país. La verdadera ruptura llegará cuando el Estado vuelva a liberarse de los atracadores, cuando gobernar deje de significar apropiarse de las instituciones y comience a significar abrirlas; cuando la ciudadanía deje de esperar un lugar dentro de la maquinaria y asuma que su tarea histórica es transformar esa maquinaria.
Entonces, la disputa dejará de ser por el Estado que existe y comenzará a ser por el país que todavía no existe. Uno en el que el pueblo no se limite a elegir periódicamente a quienes administran su destino, sino que recupere el derecho de imaginarlo, discutirlo y construirlo colectivamente; porque toda transformación verdadera comienza cuando una sociedad deja de aceptar como inevitable el mundo que heredó y se atreve a convertir en proyecto común aquello que todavía no tiene lugar.
