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La ley es un gran paso, pero debe seguir el control ciudadano

Tras muchos intentos por tratar de evitarlo, los diputados se vieron finalmente obligados a ceder ante la presión ciudadana y aprobar a regañadientes la ley que regula el financiamiento político, que ayer fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Ahora, entre otras obligaciones, los candidatos deberán rendir cuentas de los fondos que manejan en las campañas electorales y por sobre todo revelar quiénes los financian. Es un gran paso para hacer frente al uso del dinero sucio, pero hay que permanecer vigilantes, porque quedan muchos resquicios por donde pueden seguir ingresando recursos del crimen organizado y del narcotráfico. La ley es una gran conquista, pero el principal elemento que debe persistir es el control ciudadano.

Finalmente, el Paraguay se ha sumado al concierto de los países que cuentan con instrumentos legales para facilitar la transparencia de la actividad política, luego de que la Cámara de Diputados haya aprobado este lunes el polémico proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley del Código Electoral, en su apartado que afecta a la trazabilidad del financiamiento político.

La denominada Ley de Financiamiento Político, que fue promulgada ayer por el Poder Ejecutivo, constituye un gran logro ciudadano, ya que la clase política, especialmente la que está representada por la mayoría de los miembros de la Cámara Baja, intentó por todos los medios impedir su aprobación o anular sus efectos, buscando que permanezca la posibilidad de seguir financiando sus campañas con dinero sucio, especialmente procedente del crimen organizado y del narcotráfico, como ha sucedido hasta ahora.

El proyecto de ley original, presentado por la diputada Rocío Vallejo, del partido Patria Querida, había sufrido severos recortes y cambios hace apenas una semana, en una sesión de la Cámara de Diputados, en la que una mayoría de los legisladores –especialmente diputados colorados cartistas y abdistas, y liberales llanistas– le había quitado todo efecto de control y transparencia, dejando la posibilidad de seguir disponiendo de fondos oscuros, sin tener que rendir cuentas. Posteriormente, los miembros del Senado volvieron a realizar cambios y a devolverle al proyecto gran parte de su espíritu original.

En ese lapso se evidenció una gran ola de indignación ciudadana. Incluso se realizaron movilizaciones de protesta de grupos cívicos y movimientos sociales, lo cual influyó en que los diputados tengan que cambiar finalmente de postura, aceptar la versión del Senado y acabar aprobando lo que al principio rechazaron.

El punto más polémico de la nueva ley obliga a que cada candidato deba rendir cuentas de sus ingresos y egresos al principio y al final de las campañas en elecciones internas y generales, algo que hasta ahora no había sucedido. Además, la ley establece la participación de organismos como la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en el proceso de control del manejo del dinero, situación a la que los políticos se habían opuesto con mucha resistencia.

Uno de los puntos cuestionables es que la sanción para quienes incumplen es solamente de multas de 300 jornales mínimos (unos 25.302.000 guaraníes) y solo tras una condena firme del Poder Judicial un candidato será castigado con la prohibición de participar en elecciones por 10 años. Es un castigo muy leve para quienes pueden recibir sumas millonarias de narcotraficantes o lavadores de dinero, aceptar no declararlas y simplemente acceder a pagar las multas.

La sanción y promulgación de la nueva ley es un gran paso para hacer frente al uso del dinero sucio, pero hay que permanecer vigilantes, porque quedan muchos resquicios por donde pueden seguir ingresando recursos del crimen organizado y del narcotráfico. Constituye un gran paso a favor de la transparencia, pero el principal elemento que debe persistir es el control ciudadano.

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