Aseguran que lo sabían, pero casi nada hicieron. En su tardía conferencia de prensa, varios días después de que se hayan conocido las acusaciones y las órdenes de detención dictadas por un juez federal brasileño contra el ex presidente de la República del Paraguay Horacio Cartes y contra varias otras personas de nacionalidad paraguaya o radicadas en el país, por el caso de megalavado de dinero y otros delitos de corrupción, conocido como Lava Jato en el vecino país, las autoridades del Ministerio Público anunciaron que enviarán la semana próxima a una delegación de fiscales al Brasil para conocer de cerca el caso y estudiar qué acciones se impulsarán desde nuestro país.
La tibia y demorada respuesta por parte del Ministerio Público y el expresivo silencio de las autoridades del Poder Judicial parecen confirmar las fuertes críticas de sectores políticos y ciudadanos de que la Justicia paraguaya, más que en otros casos, ha decidido cerrar los ojos con una venda, al igual que la diosa griega de la estatua que la representa, fingiendo demencia (lo que en el lenguaje popular con el uso del guaraní se conoce como hacerse el ñembotavy), reforzando la sospecha de una presunta complicidad con los círculos de poder más afectados; en este caso, los relacionados al ex presidente Cartes.
Esta presunción se refuerza aún más cuando se sabe que la Fiscalía ya había abierto una investigación sobre el caso Messer en mayo de 2018, cuando el mismo era considerado prófugo de la Justicia y se presumía que estaba oculto en el Paraguay, protegido por amigos en el poder (presunción que se confirma en la investigación fiscal brasileña), pero esa investigación quedó prácticamente paralizada.
La falencia es aún más grave cuando una comisión bicameral de investigación del Congreso pudo recopilar datos mucho más interesantes y precisos que los de la Fiscalía, como las graves omisiones de informes que se dieron en esferas de organismos estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en una evidente intención de ocultar acciones ilegales realizadas, pero la Fiscalía no le dio importancia a este informe, directamente lo envió al freezer o al basurero, mientras que los fiscales brasileños sí lo utilizaron para sostener sus acusaciones.
Llama la atención que la Fiscalía paraguaya no haya procedido aún a allanar las casas de cambio y organizaciones financieras que son acusadas de haber participado en los millonarios operativos lavado de dinero para recabar evidencias y documentaciones, ni que todavía no haya incluido bajo la lupa de sus investigaciones a las personas acusadas, cuando existen claros indicios de que se han cometido graves hechos delictivos en territorio paraguayo, como tampoco el Banco Central del Paraguay ha procedido a intervenir y sancionar a las entidades financieras y casas de cambio que aparecen involucradas.
Una vez más, el nombre del Paraguay aparece salpicado como un lugar donde se protege a delincuentes internacionales. Urge revertir esta situación, procediendo a una investigación seria, rigurosa y ecuánime, que aclare qué hay de cierto en las acusaciones y que aplique las sanciones que correspondan, según los resultados.
