Aunque existen hechos positivos, como la decisión histórica de ordenar que las declaraciones juradas de los funcionarios estatales se den a publicidad, tal como lo rescata la analista Marta Ferrara, directora de la organización Semillas para la Democracia, en un artículo publicado ayer por este diario, son probablemente muchos más los signos negativos de un Poder Judicial que sigue afectado por la corrupción, la burocracia excesiva, la falta de respuesta a los reclamos ciudadanos y, sobre todo, la connivencia con poderes fácticos y la corrupta clase política.
En un año en que se debieron recortar derechos básicos, como la libertad de reunión y movilización, ante los decretos de cuarentena establecidos por el Gobierno, afectando también gravemente al derecho al trabajo y a las posibilidades de supervivencia digna para miles de personas, la Justicia, en lugar de proteger a los ciudadanos ante los abusos, reforzó aún más los mecanismos de opresión y represión durante la pandemia.
Particularmente grave fue la inacción, tanto de la Fiscalía como de los jueces, ante los graves escándalos de corrupción que se detectaron en torno a las millonarias compras especiales que se realizaron desde el Ministerio de Salud y otras instituciones estatales, usando los fondos de la Ley de Emergencia, que debían servir para mejorar la infraestructura de hospitales y centros médicos.
A casi ocho meses de que se denunciaron los graves casos de supuestos robos y estafas en Salud, al igual que en la Dirección Nacional Aeronáutica Civil (Dinac) y Petróleos Paraguayos (Petropar), no hay personas presas, los principales involucrados fueron beneficiados con medidas sustitutivas de libertad y muchos de los funcionarios involucrados apenas fueron sometidos a sumarios internos por pocos días, lo cual demuestra que hay una abierta complicidad desde altas esferas en los negociados direccionados a empresarios de maletín, cercanos al poder.
También ha significado un gran retroceso el actuar selectivo del Ministerio Público para imputar a personas por violación de la cuarentena durante protestas ciudadanas. Los fiscales han procedido a abrir procesos, de manera absolutamente discrecional, contra luchadores sociales, como la dirigente María Esther Roa, el escritor Miguel Ángel Fernández, o la activista política Diana Bañuelos, solo por participar de manifestaciones críticas contra el Gobierno, amparados en derechos constitucionales básicos, acusándoles de dar discursos sin utilizar un tapabocas, mientras cerraban los ojos ante violaciones sanitarias más graves cometidas por el ex presidente de la República Horacio Cartes, y miembros de su entorno, o de integrantes de la cúpula del oficialista Partido Colorado, reflotando el antiguo criterio vigente en las peores épocas de la dictadura, de que a los opositores se les aplica la ley, pero a los amigos se les perdona todo y se los protege de manera cómplice. Una actitud que no se compadece del sacrificio al que se ha debido someter a la ciudadanía.