El grueso de las medidas anuladas fueron aprobadas por el Parlamento regional catalán en 2015 con los votos de los partidos CDC y ERC en su alianza para avanzar hacia la independencia de Cataluña de España.
Se trata de un fallo unánime del TC que declaró inconstitucionales, además de la Agencia Tributaria, planes para el desarrollo de sectores propios en energía, telecomunicaciones, sistemas de información y transporte ferroviario; servicio meteorológico y puertos.
En los últimos años varios partidos nacionalistas catalanes han impulsado un proceso para la autodeterminación de esa región española de 7,5 millones de habitantes.
Los principales partidos españoles consideran ilegal ese proceso y los tribunales han rechazado iniciativas de los soberanistas catalanes como el intento de convocar a finales de 2014 una consulta a los ciudadanos sobre la eventual independencia del territorio.
