Lula da Silva (2003-2010) ya cumple condena desde el pasado abril por otro caso de corrupción, después de que la Justicia diera por comprobado que recibió un apartamento en una playa de São Paulo a cambio de sobornos.
En la nueva causa, la jueza federal Gabriela Hardt consideró que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos USD 271.000) que tres empresas –Odebrecht, OAS y Schain– hicieron en una casa de campo en Atibaia, municipio en el interior del estado de São Paulo.
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La casa está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, que la cedió temporalmente al ex presidente en 2010 para que pudiera disfrutarla con su familia.
No obstante, según la Justicia, pese a no ser el propietario de la casa de campo, Lula se benefició ilegalmente de las reformas en la misma por parte de empresas que fueron favorecidas en su Gobierno con contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras.
Además de Lula, la jueza Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al ex presidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención).
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Se trata de la segunda sentencia en menos de dos años contra Lula, de 73 años, quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, por orden del entonces magistrado Sergio Moro.
Moro comandó en primera instancia la operación que destapó las corruptelas en Petrobras, si bien dejó el cargo a finales del año pasado para poder asumir en enero el Ministerio de Justicia en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
El juez fue sustituido entonces por Hardt, quien interrogó a Lula el pasado noviembre sobre el caso por el que ha sido condenado este miércoles.
