La decisión de la magistrada María Carolina Ayoub, de São Paulo, supone una nueva victoria en los tribunales para el ex jefe de Estado, Lula da Silva, que en el último año ha visto anuladas las dos condenas que pesaban en su contra por presunta corrupción y el fin de otros procesos penales por sospechas de la misma índole.
También despeja aún más su camino hacia una posible candidatura de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2022, para las que los sondeos de opinión le sitúan como el máximo favorito por delante del presidente Jair Bolsonaro, su mayor adversario político.
En este caso, Lula era acusado de influir a dirigentes de Costa Rica para que estos cerraran negocios con la constructora brasileña OAS, una de las empresas envueltas en los vastos desvíos de recursos públicos de la petrolera estatal Petrobras.
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Los hechos habrían ocurrido en 2011, cuando Lula ya no era presidente de Brasil.
La investigación se basaba principalmente en el testimonio del ex presidente de OAS Léo Pinheiro y también alcanzaba al entonces presidente del Instituto Lula Paulo Okamoto.
Sin embargo, la jueza Ayoub ha dado carpetazo al asunto porque, por un lado, no hay elementos suficientes para continuar con las diligencias y, por otro, algunos de los delitos que podrían llegar a configurarse ya han prescrito para Lula.
El fin de esta investigación fue solicitada por los abogados del ex gobernante, que en una nota celebraron la sentencia, la cual evidencia, en su opinión, que el antiguo dirigente sindical fue “víctima” de una persecución orquestada por las autoridades.
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Según la defensa de Lula, la Justicia ya ha archivado 19 “procedimientos de investigación” instaurados en contra del líder del Partido de los Trabajadores (PT) relacionados con la Operación Lava Jato, que destapó las corruptelas en Petrobras.
Asimismo, remarcaron que en la actualidad Lula ya solo afronta un caso en los tribunales en el que también es acusado de usar su influencia para que el Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), su sucesora en la Presidencia, atribuyera a la empresa sueca Saab una licitación para la compra de 36 aviones caza modelo Gripen.
Los abogados afirmaron que han presentado un recurso para que ese caso sea igualmente archivado, pues consideran que “fue construido” por los fiscales de Lava Jato con base en acusaciones “infundadas” y “conscientes de que Lula no practicó ningún acto ilegal”.
