Paraguay ostenta una de las tasas de informalidad más altas de América Latina, solo superada por Bolivia, Honduras y El Salvador. La construcción, un sector dinámico e impulsado por la inversión pública y la inversión privada de alta rentabilidad, tiene al 88% de sus trabajadores excluidos de la seguridad social con jornadas extensas, pagos bajos e irregulares y nula protección legal. El trabajo doméstico tiene al 96% de las trabajadoras en condiciones de informalidad, siendo una ocupación imprescindible para que la economía funcione.
Si bien la construcción y el trabajo doméstico pueden considerarse las peores ocupaciones, los trabajadores de otras ramas no están mucho mejor, no solo en términos de informalidad, sino también de otros problemas como los bajos e inestables ingresos o las extensas jornadas laborales.
La informalidad condena a estos trabajadores a la pobreza a lo largo de su vida, y en la tercera edad se suma una extrema vulnerabilidad, a pesar de haber trabajado toda su vida. La informalidad no es solo un dato estadístico: es un determinante social que condiciona la vida de las personas.
La falta de acceso a la seguridad social es un eslabón crítico. Menos del 20% de los trabajadores cotiza para una jubilación, condenando a millones a una vejez sin ingresos.
Las causas son múltiples. En primer lugar, el bajo apego a la ley y la impunidad, gracias a una débil fiscalización y a la ausencia de mecanismos de control entre las diferentes instituciones involucradas. No es muy difícil ni costoso, por ejemplo, cruzar datos entre los registros administrativos de las municipalidades, el IPS y el MTESS. Tampoco sería costoso o complicado que el sector público controle el cumplimiento de las normas laborales a las empresas proveedoras del Estado.
En segundo lugar, la burocracia existente, así como los costos de la formalización. Dado que la mayor parte de las empresas son micro o pequeñas, este problema no es menor. No obstante, las estadísticas oficiales muestran que las empresas medianas y grandes también tienen trabajadores por fuera de las normas laborales.
Durante la pandemia, esta vulnerabilidad quedó al desnudo.
La informalidad laboral actúa como un virus que infecta múltiples dimensiones del bienestar. La vulnerabilidad del trabajo adulto contribuye al trabajo infantil, lo que conduce a la excusión educativa.
En salud, la falta de afiliación al Instituto de Previsión Social (IPS) obliga a familias a recurrir a hospitales públicos colapsados o a endeudarse. La vivienda no escapa a esta realidad. Para los informales, acceder a un crédito hipotecario es una quimera.
Los países como Uruguay, Chile o Costa Rica nos muestran que es posible otra situación, pero para ello se requiere un compromiso firme de autoridades, políticos y funcionarios públicos.
La historia de vida de los trabajadores informales resume una paradoja: Paraguay crece económicamente, pero no logra traducirlo en desarrollo humano. La informalidad laboral es más que un problema económico; es una herida abierta que sangra derechos, oportunidades y dignidad.
Hasta que el país no enfrente sus raíces estructurales, miles seguirán atrapados en la paradoja de trabajar para sobrevivir, pero sin poder vivir.
