Esto sucede por dos motivos: Primero, porque la podredumbre de nuestro sistema judicial permite que exista una casta hijoeputesca de jueces y fiscales inmorales y, segundo, por nuestra increíble capacidad de tolerancia, de sumisión, de pasividad.
En estos días hemos tenido ejemplos de esto. Los ex ministros de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo y Rody Godoy fueron sobreseídos definitivamente del caso de desvío de 3.700 millones de guaraníes.
El proceso sencillamente prescribió. Quedó en el “opareí”. La Fiscalía presentó la acusación en 2015, pero, entre las chicanas de los abogados defensores y, sobre todo, la curiosa lentitud de la Corte Suprema de Justicia, pasó mucho tiempo. Cuando digo curiosa lentitud hablo de casi cinco años, ¿me entiende?
Esta prescripción abre las puertas para que ocurra lo mismo en una causa mucho mayor en la que los mismos ex ministros liberales están procesados por un faltante de 68.000 millones de guaraníes que debían ser destinados a la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas.
Esta estafa descomunal fue ampliamente denunciada. En particular, recuerdo, los hectolitros de tinta escritos por Alcibiades González Delvalle explicando las burdas maniobras dilatorias de los delincuentes, pero nada detuvo la maquinaria de impunidad.
Tampoco nada conmovió nuestra tradición de pasividad.
Vamos a otro ejemplo. Hace más de cuatro años que la prensa se preguntaba por qué la Fiscalía no pedía el comiso autónomo de los bienes que Darío Messer tiene en Paraguay ni tampoco dictaba medidas cerrojos que impidan un despojo.
Un silencio sepulcral era la respuesta. A los amigos no se los fastidia.
Y todo seguiría en el célebre freezer del Ministerio Público si no fuera porque los abogados paraguayos del “doleiro”, deseosos de tocar unos honorarios no cobrados, solicitaron un embargo de cuatro millones de dólares sobre esos bienes. Entonces, para no quedar en ridículo, en la tardecita del pasado miércoles la Fiscalía remitió a todo trapo a un Juzgado la solicitud de prohibición de innovar sobre los cien inmuebles.
Otro ejemplo más. Estamos tan acostumbrados al modo de actuar de la fiscala Sandra Quiñónez que nadie se sorprende que las denuncias contra el diputado Bachi Núñez sobre lavado de dinero estén congeladas. Y mire que no son poca cosa: Sus préstamos impagos en la Cooperativa San Cristóbal, sus vínculos con el ex diputado Juan Carlos Ozorio, los contratos millonarios de su pareja con el Estado, nada de eso, produjo apuro investigativo. Los datos son contundentes, pero parece que hemos normalizado la aberración de que, cómo se trata de un cartista, no será molestado por el Ministerio Público.
Para terminar, recuerdo que en estos días se divulgó el fuerte discurso de la mejor egresada de la Facultad de Medicina (UNA), Giuliana Cattivelli Murdoch, quien recordó, sin citarlos explícitamente, a los médicos Jaime y Emiliano Ibarrola, sumariados por actos de corrupción en 2015 y que están de vuelta como si nada haya pasado.
Al igual que el doctor Gustavo Rodríguez Andersen, denunciado por maltratos y acoso sexual. Durante todos estos años ninguno de ellos dejó de cobrar su salario: Entre los tres se llevan unos 70 millones de guaraníes mensuales. Inexplicablemente, los estudiantes de medicina dejan que esto ocurra ante sus ojos con total indiferencia.
Esa es la clave: Dejar pasar el tiempo. La justicia en Paraguay es una tortuga que, de tan lenta, produce sueño.
