Son abogados, catedráticos, juristas aparentemente brillantes, gente inteligente, en definitiva. Sin embargo, actúan como ingenuos irremediables. Toda la experiencia previa no les sirvió para adivinar que la elección de la terna para fiscal general por el Consejo de la Magistratura tiene una escenografía que simula una apariencia autónoma pero que, en el fondo, es completamente dependiente del poder político.
A mí, este centenar de ciudadanos me da un poco de lástima. Me los imagino preparando durante días enteros su currículum vitae, enfrentando con ansiedad las audiencias públicas en las que se exponen a denuncias malintencionadas, respondiendo un curioso test sicotécnico y preguntándose qué impresión habrán causado en los miembros del Tribunal de Honor. De paso, digamos que este último estamento está integrado por seis honorables abogados obligados a escuchar a cada uno de los aspirantes al cargo compartiendo con ellos un grado similar de candor.
Pero también tengo críticas a este batallón de postulantes a la Fiscalía General. Es increíble que no se hayan dado cuenta de lo que sucedió en el pasado. En el 2015 el Consejo de la Magistratura debía elegir la terna de la que saldría el reemplazante del doctor Víctor Núñez para la Corte Suprema de Justicia. Ese era un cupo de la ANR y, en cumplimiento de un viejo pacto político, el elegido tendría que ser del mismo partido. Lo lógico sería que se advirtiera a los postulantes no colorados que se abstengan de inscribirse. Pero no, el Consejo de la Magistratura, encabezado entonces por Enrique Riera, volvió a instalar el decorado de ficción y, encima, se jactó de un proceso de transparencia en los puntajes y el control ciudadano. Por mera casualidad, luego de ese proceso agotador al que se anotaron más de cincuenta incautos, los ternados resultaron colorados. Y cuando fue necesario agregar un nuevo candidato, fue elegido otro colorado. ¿Es que no había ningún liberal o inde- pendiente con puntaje suficiente? No se trata de eso. Cuando el cupo sea opositor, los habrá. Entonces ningún colorado obtendrá el puntaje requerido.
La Fiscalía General es para el Partido Colorado y el Consejo de la Magistratura lo sabe. Los que parecen no enterarse son los cándidos que gastan energía en postularse sin razón. Ya ocurrió lo mismo en el 2010, cuando todos los ternados a fiscal general fueron colorados.
Veamos, no estoy cuestionando la constitucionalidad del procedimiento ni la existencia de la institución. Fue uno de los entusiastas experimentos de la Constituyente de 1992 que terminó en un Frankenstein jurídico. Alguna vez nos desprenderemos del poco feliz Consejo de la Magistratura. Pero hasta tanto esto no suceda, sugiero simplificar los trámites. En cada llamado podrían avisar “ahora toca un colorado” o “ahora el cargo es para opositores”. Así ahorraremos escenografía y habrá menos incautos deprimidos por no haber sido elegidos.