El reclamo de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en nuestro país debe ser escuchada por la Fiscalía y la Justicia; de otro modo, la corrupción y el crimen organizado irán socavando cada vez más las instituciones republicanas. No se debe permitir que las mafias dominen el Paraguay. Se debe extirpar a los que desde el sector público coexisten con el dinero sucio o malhabido. La Fiscalía y la Justicia deben ser implacables con los delincuentes y dejar la tibieza o complicidad con los intereses que benefician a un grupo en desmedro del estado de derecho y la institucionalidad.
El primer cardenal paraguayo Adalberto Martínez —en la misa central en honor a Nuestra Señora de la Asunción— dijo que uno de los graves problemas que hoy padece la sociedad es la quiebra de los valores morales, sobre todo, de aquellos que por acción u omisión contribuyen o toleran la corrupción. Añadió que a la corrupción pública y privada se suma la acción del crimen organizado en sus diversas vertientes que, si no se reacciona como Iglesia y como sociedad, terminarán aniquilando la institucionalidad. Fue tajante al decir que el saneamiento moral de nuestras instituciones no sería posible si los encargados de perseguir la corrupción y evitar la impunidad no cumplen a cabalidad su función constitucional. En ese sentido, hizo hincapié en las responsabilidades del Poder Judicial y del Ministerio Público, y que quienes los integran deben revisar si sus actuaciones son coherentes con sus convicciones religiosas y ciudadanas.
Las expresiones de monseñor son el eco del sentir de la mayoría de los ciudadanos que anhelan el bien para el Paraguay, donde las instituciones funcionen adecuadamente y se castigue a los responsables de meter la mano en la lata o de quienes forman parte de otro tipo de delitos, como los hechos punibles transnacionales. Cuando se señala al Paraguay por sus altos índices de corrupción e impunidad perdemos todos. Es por ello que la Justicia y la Fiscalía deben funcionar para castigar a los culpables de robar dinero público o a los involucrados en narcotráfico, lavado y conexos.
La realidad es que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial muchas veces se arrodillaron ante los poderosos y esta situación está demostrada hasta el hartazgo. La investigación selectiva del Ministerio Público es una práctica que no se puede soslayar. Ciertos políticos —pese a las evidencias— no son molestados por los fiscales o si abrieron alguna investigación debido a las documentaciones hechas públicas, lo hicieron con tibieza. El accionar fiscal y judicial debe ser igual para todos, sin favorecer a nadie. Cuando existe corrupción pública se debe actuar sin contemplaciones, porque finalmente —como bien lo puntualizó Martínez— el perjuicio es para la gente más carenciada en salud, educación, tierra y trabajo. Cuando el sistema de Justicia no es creíble, se genera una inseguridad jurídica tal que ahuyenta las buenas inversiones que crean empleos.
El tráfico de influencias, la corrupción e impunidad van de la mano, atendiendo a que varios fiscales y jueces para ser nombrados tuvieron el respaldo del político de su zona. Luego generalmente somete sus decisiones a quien le patrocinó.
Cuántas veces la Iglesia Católica reclamó una lucha frontal contra la corrupción. Sin embargo, estos llamados no han hecho mella en las autoridades a cargo de las instituciones respectivas. Es hora de que la Fiscalía y el Poder Judicial sepan escuchar las críticas de la Iglesia y las inquietudes ciudadanas que requieren mejor justicia. Y que la acción sea tenaz contra el crimen organizado, habida cuenta del alto nivel en que inficionó el narcotráfico con su dinero en las instituciones republicanas. Solo así se podrá evitar en el futuro un Estado fallido.